1. Selección de una muestra de las principales personas más ricas de Argentina y reconstrucción de los entramados empresariales controlados por estas personas físicas seleccionadas y sus familias, haciendo foco en su configuración y organización societaria y en la participación de los principales titulares en cada una de las sociedades.
2. Análisis de una serie de características de los entramados empresariales estudiados: i) detalle de las empresas asociadas a la misma cabeza o holding del entramado; ii) identificación del rol desplegado por cada una (controlante o controlada, holding, asociada a una inversión extra grupo, etc.); iii) clasificación de las actividades económicas de las empresas del grupo o entramado; iv) determinación de los orígenes (países) de las empresas integrantes de los entramados; v) determinación de los porcentajes de participación de cada empresa controlante respecto de su/s controlada/s; vi) identificación de las participaciones del dueño o de los dueños en el patrimonio de la empresa o holding principal; y vii) detección de asociaciones o participaciones cruzadas con otros entramados empresariales de relevancia para la investigación en curso.
3. Confección de mapas de los entramados empresariales, con identificación de la participación societaria de la cabeza del grupo asociada a los titulares.
4. Seguimiento y análisis del valor de las acciones de las estructuras accionaras, en combinación y complementación con el trabajo sobre Balances y Estados Contables.
5. Valorización de los patrimonios comerciales de las 17 personas físicas seleccionadas del ranking Forbes para el estudio.

Aproximaciones cuantitativas a la riqueza en el mundo y en la Argentina

Diversos estudios han desarrollado aproximaciones en torno a la definición de la riqueza y de los ricos como grupo social. Si bien la identificación empírica de este segmento ha sido tema de debate (11), sobre todo en lo que respecta al sentido polisémico de “clase” como categoría de identificación, existe una tradición clásica que asigna un rol privilegiado en la distinción de los agrupamientos sociales a la división del trabajo para su identificación empírica (Benza, 2016). Desde esta perspectiva, las relaciones sociales entabladas en el ámbito laboral dan cuenta tanto de la generación y distribución de las desigualdades sociales como de la evolución relativa de los agrupamientos sociales (fragmentación y desigualdad entre clases). Por ello, los estudios socio-ocupacionales tomaron centralidad en lo que respecta a los estudios de identificación empírica de las clases o agrupamientos sociales. 
Siguiendo la clasificación ocupacional elaborada por Portes y Hoffman (2003) podemos ubicar en la cumbre de la estructura de clases a los propietarios de los medios de producción. Estrato definido operacionalmente por los autores como aquel integrado por los empleadores grandes y medianos de la empresa privada:

Estimaciones basadas en encuestas de hogares que abarcan tres cuartas partes o más de la población latinoamericana, indican que el tamaño de esta clase fluctúa entre el 1% y el 2% de la población económicamente activa (PEA) en todos los países (Portes y Hoffman, 2003, pág. 13).

Y se caracterizan por: conformar la clase dominante en los países latinoamericanos; obtener remuneraciones que exceden ampliamente el promedio de sus respectivos países (independientemente de su tipo de ingreso: utilidades, salarios y bonificaciones); y por conformar la cima de las distribuciones nacionales y regionales de ingreso, es decir; representar el 10% de la PEA de mayores ingresos (Portes y Hoffman, 2003).
En la misma sintonía Erikson y Goldthorpe (1992) toman como dimensiones de identificación empírica tanto al mercado de trabajo como a las unidades productivas. De ellas se desprende el esquema de clases sociales propuesto por los autores, en el cual encontramos en su cúspide a los profesionales, administradores y oficiales de alto nivel; directivos de grandes establecimientos industriales; propietarios de grandes empresas, quienes formarían parte del decil de mayores ingresos. A raíz de este estudio pionero se desarrolló un esquema para delimitar las clases sociales y poder trazar una comparación a nivel internacional (Marinho y Quiroz, 2018). En la misma sintonía, Goldthorpe y McKnight (2004) señalan como atributo de estratificación de clases a la ubicación dentro de las relaciones sociales de los mercados laborales y las unidades de producción.
Esta preocupación acerca de la estratificación social y las clases sociales estuvo presente en la reflexión de los grandes teóricos, como Karl Marx, Max Weber, Pierre Bourdieu. Al respecto, Marx identificó al espacio ocupado por los individuos en la estructura social de acuerdo con su relación con los medios de producción. Mientras que Weber incorporó, al criterio elaborado por Marx, las dimensiones de estatus y de partido como manifestación de la distribución del poder en la sociedad (Marinho y Quiroz, 2018). Por último, Bourdieu definió a la posición que los agentes ocupan en la estructura social como resultado de la combinación del capital económico, social y cultural que estos poseen (Bourdieu, 1986).
En la región latinoamericana, si bien los estudios de estratificación social nacieron en la década de 1940 bajo fuerte influencia de la sociología representados por autores como Gino Germani, Aldo Solari, Bertram Hutchinson, Luis Álvaro Costa Pinto y Eduardo Hamuy e, inspirados en el funcionalismo estadounidense, de autores como Seymour Martín Lipset, Reinhard Bendix, Otis Dudley Duncan, Joseph Kahl y Peter Blau (Filgueira, 2001), recién se hicieron extensivos hacia la década de 1970 bajo el cuño de los estudios emprendidos por la CEPAL.

Derivado de ello surgieron estudios por país que sintetizaban los datos censales y muestrales, y dividían los estratos según la ocupación y categoría ocupacional, además de tomar en consideración el sector económico al que pertenecían los empleados (Marinho y Quiroz, 2018, pág. 17).

Por su parte, la investigadora Susana Torrado (1992) elaboró una propuesta de medición de la estructura social pensada estrictamente para el contexto argentino mediante la cual, partiendo del Nomenclador de la Condición Socio-Ocupacional (CSO) (12), estableció un esquema homogéneo de definición de los agrupamientos sociales a partir de su inserción productiva. Esto permite dar cuenta de las condiciones de vida diferenciales de la población (Fernández Melian, 2017).
Como señala Heredia (2011) siguiendo los criterios de identificación empírica realizado por los estudios clásicos (en lo que respecta a los tramos de ingresos) podemos situar una línea de corte tentativa entre quienes ocupan el 10% superior de la pirámide, referencia utilizada para los cálculos sobre desigualdad social. (13) Criterios afines son empleados por las empresas de marketing para delimitar al segmento socioeconómico más elevado (abc1) (14).
Asimismo, podemos considerar la posición de los individuos en la estructura de las relaciones laborales y unidades productivas como criterio de identificación con determinada clase social. Es decir, la ocupación estaría relacionada con un determinado estatus o reconocimiento social, reflejado en una remuneración característica (Marinho y Quiros, 2018). Este enfoque puede ser complementado con variables que den cuenta de los años de escolaridad, formalidad y modalidad de empleo de manera de obtener una mirada multidimensional. Como señalan María Luisa Marinho y Verónica Quiroz (2018) las variables que dan cuenta de la identificación de la estratificación social lejos están de ser atributos individuales. Por el contrario, responden a características sociales que remiten a la reproducción del sistema social y económico y mayormente dependen de la familia de origen.

Por su parte, la posesión de propiedades y de riqueza son dimensiones que se encuentran más evidentemente asociadas a la familia de origen bajo el formato de herencia, asociado a la alta acumulación del capital en formato de riqueza que se ha observado en el siglo XX (Piketty, 2014, citado por Marinho y Quiróz, 2018).

De esta manera, la vigencia de los enfoques de clase y de la estratificación social adquieren centralidad debido a la persistencia de altos niveles de desigualdad originados en el sistema de recompensas económicas y sociales según la posición en la ocupación laboral.
Paralelamente, existen otros tipos de estudios (The Wealth Report, 2021) que se concentran específicamente en los niveles superiores de la pirámide social, estableciendo qué sectores se encuentran dentro del 1% más rico en los distintos países y cuáles son las diferencias de riqueza existentes entre ellos. En dicho sentido, establecen el criterio de umbral minino de riqueza neta para pertenecer a esta fracción en las distintas naciones: Argentina se encuentra en el nivel más alto respecto a otros países de la región, con una riqueza neta mínima de 360.000 dólares (por encima de ese nivel de riqueza se considera dentro del 1% más rico).
Si bien existen trabajos sobre riqueza o que comparan pobreza y riqueza, a la hora de indagar sobre los estudios empíricos existentes, se hallan relativamente pocas investigaciones exhaustivas y con datos precisos sobre ricos o sobre la riqueza en el mundo que profundicen en los entramados patrimoniales comerciales y su valorización, siendo aún más difícil encontrarlas para la Argentina.
A nivel global, entre los estudios que abordan las aproximaciones patrimoniales y de riqueza, sobresale el trabajo del Oxford Committee for Famine Relief −Oxfam−, fundado en 1942 (15). El informe de enero de 2020 denominado “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad” (16) demuestra que la desigualdad ha alcanzado niveles exorbitantes durante los últimos años, a tal punto que en la presentación de dicho trabajo se indica que “en América Latina y el Caribe el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de multimillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando” (Oxfam, 2020 (17)).
Asimismo, concluye que el 1% de la población de mayores ingresos posee más del doble de riqueza que 6.900.000.000 de personas. En el informe se advierte acerca de las dificultades existentes al momento de llevar a cabo estudios de estas magnitudes. Por un lado, las dificultades en la obtención de información sobre la riqueza, debido a la mala calidad de la mayoría de los datos y, por otro, la subestimación de forma sistemática de la verdadera magnitud de la riqueza en el mundo en los datos disponibles (18).
Oxfam presenta una numerosa cantidad de informes y publicaciones sobre este tema a lo largo del mundo. Si bien existe Oxfam Argentina, la plataforma casi no cuenta con información referida a nuestro país.
En la misma sintonía puede mencionarse el informe publicado en la revista científica Nature “Greater post-Neolithic wealth disparities in Eurasia than in North America and Mesoamerica” (2017) cuyo objetivo se orienta al análisis de las disparidades de riqueza existentes desde una perspectiva de largo plazo, sobre la base de la evolución histórica del Coeficiente de Gini (19). En dicho informe, y por medio del análisis histórico-comparativo de los indicadores que permiten dar cuenta de la disparidad de riqueza en las distintas regiones del mundo, se concluye que

la civilización tiende a moverse hacia la desigualdad a medida que algunas personas obtienen los medios para hacer que otras sean relativamente pobres, y la emplean (20) (Kohler, Smith, Bogaard, Feinman, Peterson, Betzenhauser y Bowles (2017).

Por otro lado, existen una serie de revistas especializadas en negocios y finanzas que realizan un relevamiento global de los principales propietarios de fortunas. Entre ellas se puede mencionar Forbes (21), mundialmente famosa por su “The World's Richest People” (o la lista de las personas más ricas del mundo). Es un informe que se publica anualmente desde 1986, y está elaborado sobre la base del cálculo de las acciones y su precio, sumando diversos tipos de activos, incluidas empresas privadas, bienes raíces, etc., de sus propietarios y sus respectivas familias (en caso de que la diferenciación de la propiedad entre ellos no sea clara). Esta publicación tiene su capítulo local, Forbes Argentina, que difunde anualmente el listado de los principales ricos de nuestro país (Sonatti, 2018, pág. 50-80).
Por su parte, la revista Fortune (22) también realiza un ranking global pero centrado en compañías sobre la base del relevamiento de las ganancias brutas que perciben anualmente y desagregando el perfil de sus operaciones. Para ello, realiza una comparación interanual de los ejercicios fiscales de las empresas analizadas que reportan datos en organismos gubernamentales. En la misma sintonía podemos ubicar las publicaciones anuales realizadas por el Credit Suisse Research Institute (23), denominada Global Wealth Report, orientada a recopilar la evolución de la conformación de riqueza global, su impacto en las distintas regiones y su distribución por medio del análisis de los hogares de más de 5.200.000.000 de personas en todo el mundo (la cobertura más completa y actualizada sobre información de riqueza).
Por último, se encuentran las distintas publicaciones sobre grandes empresas elaborados por Bloomberg Businessweek (24), orientados a la publicación de información, noticias e información comercial y financiera. Adicionalmente, Bloomberg desarrolla el índice de multimillonarios (“Bloomberg Billonaires index”) que analiza el patrimonio neto de las 500 personas más ricas del mundo, a partir de una ponderación sobre la base de información disponible de las empresas que cotizan en bolsa y sobre las cuales se pueden verificar las valoraciones de los activos personales.
En la Argentina, se pueden encontrar abordajes de índole cuantitativo (particularmente desde la perspectiva de la distribución del ingreso) y cualitativo (relacionados con la evolución relativa de los agrupamientos sociales y características diferenciales del sector en materia de acceso a recursos educativos, materiales y otros).
Entre los trabajos existentes de los primeros, pueden mencionarse los estudios desarrollados por Graña (2007) y Lindenboim (2008), este último indagando en las características de los deciles urbanos de mayores ingresos, y el trabajo de Alvaredo (2010) sobre grandes contribuyentes en materia tributaria.
Graña (2007) parte del análisis de la distribución funcional, como eje central de la problemática del desarrollo económico, se dedica a estudiar su evolución histórica y la participación en la riqueza de los distintos estratos sociales (en particular el de la clase trabajadora) entre los años 1935 y 2005. Lindenboim (2008) también estudia la distribución funcional del ingreso o la manera en que los factores productivos logran apropiarse de la riqueza generada anualmente en la Argentina y realiza una comparación en términos internacionales. Paralelamente, problematiza tanto sobre la escasa información disponible para llevar adelante este tipo de investigaciones como sobre la permanente pérdida de interés durante los últimos años. Finn (2012) se concentra en el análisis de la distribución y el consumo de la riqueza local, principalmente en las características del decil de más altos ingresos en la Argentina (el 10% de la población de mayor ingreso), el que mayor dispersión tiene en lo que respecta a ingresos, aun considerando la subdeclaración de las cifras. De esta manera señala los rasgos característicos de dicho estrato (nivel educativo, datos de ocupación, percepción de ingresos, etc.). Se puede mencionar también el trabajo de Alvaredo (2010) quien partiendo del análisis estadístico sobre la renta de personas físicas realiza un estudio de las principales participaciones en el ingreso en el largo plazo para Argentina (entre los años 1932 y 2004), concentrándose principalmente en el estrato de altos ingresos.
A diferencia de estos, los estudios de corte cualitativo sobre los sectores de altos ingresos en Argentina han tenido mayor preponderancia. Se destacan los trabajos de Del Cueto (2007), Ziegler y Gessaghi (2012), Gessaghi (2016), Heredia (2005 y 2011), Castellani y Heredia (2020), Luci (2011), Hora (2002), Gras (2009), Losada (2008) y Svampa (2001).
Variosde ellos se orientan al análisis de trayectorias educativas del segmento de altos ingresos. Entre los que cabe mencionar: Del Cueto (2007) aborda además la segregación y fragmentación espacial existente entre los diversos estratos sociales caracterizada por la constitución de círculos y espacios de socialización diferenciados; la investigación de Zeigler y Gessaghi (2012) sobre la conformación de las elites y la construcción social de sus privilegios incorporando las variables trayectorias educativas, profesionales, trayectorias de vida (redes y relaciones de parentesco) y estilos de vida (socialización); y Gessaghi (2016), que analiza las trayectorias educativas de las clases altas en Argentina, puntualizando en su formación y el rol que cumple la educación en dicho proceso, no como acreditación educativa ni excelencia académica sino como otorgamiento de credenciales de inclusión de esta fracción en la red de relaciones sociales.
Por otro lado, existen trabajos que estudian la reproducción de las elites y su sostenimiento en el tiempo. Entre ellos, las investigaciones de Mariana Heredia (2005 y 2011), orientadas a recuperar discusiones relacionadas a la estratificación social desde la perspectiva de las elites, tales como reclutamiento, la composición y representación política de las clases, la agregación de intereses y la “captura” de las decisiones políticas por parte de los grupos socioeconómicamente predominantes. También, Ana Castellani y Mariana Heredia (2020) se enfocan en el análisis de la reproducción de las elites empresariales argentinas con la finalidad de indagar si se produjo un proceso de renovación o de consolidación de las posiciones adquiridas en un contexto de particular inestabilidad política.
El análisis revela un proceso fallido de reproducción: apenas una minoría de empresas (26%) y dirigentes (4%) lograron perpetuarse a lo largo de estas cuatro décadas (25) (Castellani y Heredia, 2020, pág. 467).
Como complemento de estos debates se puede mencionar el estudio de Luci (2011) sobre la emergencia de los managers como segmento específico de la elite y los cambios acontecidos en la cúpula económica a partir de la implementación de nuevos modos de gestión empresarial.
Por las características de la distribución del poder económico en la Argentina y la centralidad ejercida por las elites rurales y las elites porteñas, un tercer segmento de estudios aborda las características de ellas a lo largo de la historia. Roy Hora (2002) realiza una caracterización de los terratenientes de la pampa argentina destacando el rol que adquirió la propiedad de la tierra como base económica de la clase, independientemente de la diversificación de las inversiones en otras actividades. Demuestra que los emprendimientos vinculados a la tierra resultaron centrales en lo que respecta a la percepción de la elite como grupo privilegiado. Por su parte, cabe mencionar la investigación de Grass (2009), dirigida al estudio de los estratos altos en el universo agrario para dar cuenta de las transformaciones socioeconómicas, culturales, identitarias, acontecidas por la emergencia de un nuevo paradigma agrario (con eje en la ruralidad globalizada) que supone una nueva lógica productiva y la transformación del perfil de los actores involucrados en dicho modelo; y los aportes de Leandro Losada (2007) al indagar ámbitos de sociabilidad porteña (principales clubes como el Jockey Club) y la relación existente con la política entre fines del siglo XIX y principios del XX. (26) 
Finalmente, entre los principales trabajos que abordan la riqueza como derivación de las desigualdades sociales y del proceso de segmentación social se halla el de Maristella Svampa (2001) sobre la “alta clase media” y las “clases altas” en relación con el incremento significativo de los countries y barrios privados desde la perspectiva de la fractura social, fragmentación espacial y las diversas transformaciones en la estructura social en los noventa en Argentina. Este trabajo, que aborda la desigualdad social en clave cualitativa, contrapone la riqueza a escenarios de pobreza más estudiados.
En contraste con los escasos trabajos sobre riqueza, ha sido muy estudiada la pobreza y su evolución en el tiempo. Esto no resulta menor dado que, como indican Benza y Heredia,
Mientras los sectores populares han sido objeto de numerosas indagaciones, realizadas con estrategias metodológicas y materiales empíricos diversos, los sectores medios altos y altos han sido muy poco estudiados y, de serlo, con aproximaciones predominantemente cualitativas (2012, pág. 1).
Del mismo modo, como en el resto de la región −con excepción del uso del índice de Gini por ingresos−
en las últimas décadas la mirada relacional sobre las desigualdades sociales se fue perdiendo ante la urgencia de registrar la magnitud y las privaciones de los individuos y los hogares más desfavorecidos. En este sentido, las investigaciones sobre los ricos y las clases altas corren con desventaja en relación con los numerosos estudios desarrollados sobre el otro polo de la pirámide social (Benza y Heredia, 2012, pág. 1).
Por ello, a medida que los estudios se centran cada vez más en los pobres, menos visibles se vuelven los ricos. En la misma sintonía, Cattani, (2008) en su trabajo sobre riqueza sustantiva y relacional para América Latina, sostiene que
aún existe un déficit explicativo acerca de los orígenes y la gestión de las fortunas, sobre el modo de existencia social de los muy ricos, y sobre los vínculos existentes entre los diferentes grupos sociales (2008, pág. 206).
Los estudios de la pobreza se han centrado en torno a las distintas dimensiones que forman parte de las discusiones de la bibliografía clásica, focalizándose en la cuestión acerca de su definición, ya sea como necesidad, patrón de privaciones, limitaciones o falta de recursos económicos, desigualdad, etc. (Spicker, 2009), o bien relacionados al enfoque (“absoluto”, “relativo” o “subjetivo”), o preocupados por los aspectos metodológicos relativos a su medición, identificación y agregación (Feres y Mancero, 2001). 
Como señala Seveso Zanin:
un mapeo integral de los esfuerzos que se vienen llevando adelante para conceptualizar, interpretar e intervenir la problemática de la pobreza sería virtualmente imposible de realizar, incluso si se tratara de limitar el diagnóstico al solo ámbito de los estudios latinoamericanos (2014, pág. 4).
Asimismo, destaca que Else Øyen (2005) señala la existencia de 200 definiciones distintas de pobreza, en tanto que Paul Spicker (2009) identificó 12 nociones sobre el concepto solo en las ciencias sociales (Seveso Zanin, 2014).
De forma sintética y con el afán de mencionar solo algunos aportes, podemos identificar que distintos trabajos que se han centrado en el análisis de la pobreza lo han hecho principalmente alrededor de la problematización de la medición, y en relación a sus métodos (línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, medidas relativas y enfoques multidimensionales, etc.). Entre ellos, los realizados por la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de la CEPAL, elaborados por Feres y Mancero (2001) para América Latina, y concentrado en las discusiones existentes en relación con las distintas definiciones de pobreza desde distintas ópticas: enfoques diversos (enfoque de “capacidades”, enfoque “absoluto” y enfoque “relativo”); discusiones respecto a la identificación de la pobreza, es decir, los distintos indicadores (indicadores de bienestar, ingreso, consumo per cápita o de hogares) ajustados por “escalas de equivalencia”, proporción de gastos (alimentos, nutricionales, antropométricos, necesidades básicas, etc.); y respecto a la agregación, es decir en relación con su medida (enfoque axiomático, índice de recuento, brecha de ingreso, predominio, severidad y profundidad, entre otros). Los mismos autores, en el año citado, investigan en torno a la problematización del método de necesidades básicas insatisfechas y sus indicadores, así como la medición que se desprende de él: destacan los aportes del método para la caracterización poblacional en términos de la insatisfacción de determinadas necesidades básicas.
La misma división de la CEPAL (2013) para la medición multidimensional de la pobreza propone la incorporación de información complementaria respecto de los métodos convencionales (basados principalmente en ingresos) relacionados principalmente con el desarrollo social y el bienestar (como el enfoque de derechos y las perspectivas de capacidades), de manera tal de lograr la construcción de un índice más abarcativo y representativo. Asimismo, INDEC (2003) problematiza los principales aspectos metodológicos de la medición de pobreza en Argentina, y su comparación con otros países, y a la vez analiza las alternativas metodológicas utilizadas (método de ingresos asociado al enfoque de pobreza absoluta) y posteriormente la elaborada por el Ministerio de Economía en el año 2003. Adicionalmente, Beccaria y Gluzmann (2013), con sus estudios sobre la medición de los ingresos y pobreza en América Latina y el Caribe, no solo destacan los elevados niveles de desigualdad y pobreza en la región, sino que analizan el rol que asume la encuesta de hogares como fuente de información en las mediciones realizadas reseñando sus características principales. Boltvinik (1999) pasa revista de los distintos aspectos conceptuales y principales rasgos básicos de la medición de pobreza (umbral de pobreza, enfoques absolutos y relativos, necesidades básicas insatisfechas, etc.); y posteriormente hace hincapié en la propuesta para la definición del análisis multidimensional para América y el Caribe, necesaria para la comprensión de las diversas dimensiones que intervienen en la manifestación y reproducción de la pobreza en las sociedades capitalistas (Boltvinik et al., 2014).
Paralelamente se destacan los trabajos de Esquivel (2014), quien aborda el análisis bidimensional de la pobreza sobre la base del uso del tiempo como alternativa a los enfoques tradicionales: incorpora la dimensión del tiempo en las distintas mediciones de pobreza con el afán de poder considerar tanto el trabajo doméstico como las tareas de cuidado no remunerado realizados principalmente por mujeres. Salvia (2012 y 2016) realiza una revisión de algunos de los aspectos teóricos que subyacen a las metodologías adoptadas en Argentina con el objetivo de señalar inconsistencias teóricas y debilidades  (necesidades básicas insatisfechas y línea de pobreza) y, por otro lado, presenta la estimación de pobreza multidimensional articulando el espacio de bienestar y de derechos (índice de privaciones de derechos) con la finalidad de ampliar la noción de desarrollo humano e integración social; Valdivieso (2007) sobre la relación entre pobreza y desarrollo humano se propone encontrar indicadores de medición alternativo emparentados con las premisas y objetivos del desarrollo humano (índice de desarrollo humano, IDH).
De la misma forma los estudios cualitativos acerca de la pobreza han sido abundantes, entre los más destacables: el clásico ensayo sociológico de Georg Simmel (1977) sobre la cuestión de la pobreza en las sociedades modernas y el proceso de su construcción social, a partir del cual se comienza a tomar distancia respecto a las consideraciones naturalistas y sustancialistas predominantes. En este mismo segmento, se pueden mencionar también: el célebre artículo de Amartya Sen (1992) sobre la conceptualización y medición de la pobreza en el cual parte del enfoque de la privación de las capacidades básicas (mortalidad prematura o esperanza de vida, grado de desnutrición, analfabetismo, etc.) asociadas a las posibilidades de funcionamiento por parte de los individuos, luego incorporado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el IDH; el estudio de Patricia Aguirre (2004) sobre la problemática alimentaria en la Argentina que relaciona la seguridad alimentaria a las condiciones económicas, sociales y políticas de la población; la investigación realizada por Moreno (1998) sobre el contenido conceptual de la medición de pobreza (o desde su perspectiva la falta de precisión teórica del concepto) y la relación que guarda con el crecimiento y el desarrollo; el trabajo etnográfico de Fonseca (2005) sobre los grupos populares de la sociedad contemporánea partiendo de lo que considera categorías fundamentales para la comprensión de la pobreza y desigualdad en dichas sociedades (clase, género, generación, etnia y nación); el estudio de Kessler y Di Virgilio (2010) sobre el empobrecimiento y la movilidad social descendente de los sectores medios en la Argentina, proceso conocido como “nueva pobreza” durante las décadas del 80 y 90, acompañado por una creciente precariedad laboral, movilidad intergeneracional e intrageneracional descendente; el trabajo de Lindemboim (2010) sobre análisis pobreza, el deterioro de las condiciones de vida y los distintos indicadores sociales durante el siglo XX en el marco de las políticas de ajuste en la Argentina; lo escrito por Levinas (2014) acerca del impacto de los programas de transferencia monetarias condicionadas para atender la situación de pobreza de los países “subdesarrollados” en el marco de la “retirada del Estado” en cuestiones que respecta a la salud, educación y el bienestar en general y que lejos de reforzar la tendencia de provisión universal de la protección social promueven un modelo “residual” y limitado; los aportes realizados por Birdsall Lusting y Meyer (2014) sobre quienes no son considerados pobres según los estándares de medición internacionales pero que tampoco forman parte de la denominada clase media con ingresos fijos (los autores caracterizan a dicho segmento como “los luchadores”: entre el 35% y 40% de la población de los países) y que se encuentran en situación de vulnerabilidad constante (enfermedad de un miembro del hogar o bien una recesión económica); y las investigaciones de Vommaro (2016) sobre las cifras de pobreza en Argentina que analizan la forma en que esta ocupa un lugar central y estratégico en lo que respecta a la nueva cuestión social (constituyéndose como un objeto mensurable mediante prácticas de objetivación y clasificación) desde la transición democrática a la actualidad.

Estudios sobre grupos económicos en Argentina

Para conocer la situación patrimonial del segmento poblacional de mayores ingresos, es decir las personas más ricas, resulta necesario hacer hincapié en la dimensión estructural-organizacional de los principales dueños de fortunas en el país. Esto es, reconstruir la estructura de propiedad y la estructura corporativa, las cuales explican gran parte de sus activos, así como también sus características formales, entendidas como los rasgos institucionales de la corporación, la estructura de sus órganos de conducción y decisión, etc., y los elementos informales que remiten a los mecanismos no reglamentados ni estatuidos, que se expresan en las relaciones llevadas a cabo en el seno de las organizaciones empresariales (Dossi, 2010).
Si bien pueden mencionarse algunos antecedentes en el análisis de las corporaciones centrados en el aspecto estructural, como los de Schvarzer (1975, 1977 y 1978), Khavisse y Piotrkowski (1973), Skupch (1971), es recién durante la década del 80 cuando en Argentina comenzó a cobrar relevancia teórica al estudio de las corporaciones empresarias a raíz de los trabajos de Schmitter y Streek (1981) (Dossi, 2010). Particularmente hacia 1986, Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, y Miguel Khavisse publican El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80, obra centrada en el análisis de los grandes grupos económicos, impulsando una escuela de estudios sobre el tema.
Con estos abordajes se inicia entonces una extensa producción académica orientada al estudio de los grupos económicos y la concentración y centralización del capital en Argentina llevada adelante, entre otros, por las y los investigadores del Área de Economía y Tecnología de FLACSO. (27) Entre ellos se destacan los trabajos de: Basualdo, Manzanelli y Calvo (2020), Basualdo, Manzanelli y Schorr (2012), Arceo y Basualdo (2005), Basualdo y Arceo (2005), Basualdo (2006), Kulfas y Schorr (2002) y Schorr (2012), Abeles, Forcinito y Schorr (2001), Azpiazu (1995, 2011, y 2013), Azpiazu y Basualdo (1990), Azpiazu, Basualdo, y Khavisse (1986), Azpiazu y Kosacoff (1989), Basualdo (1984, 2005, 2006, 2011 y 2013), Cantamutto y Wainer (2013), Gaggero, Schorr y Wainer (2014), Kulfas (2001), Kulfas y Schorr (2000).  La línea de investigación sostenida durante años por el Área de Economía y Tecnología (AEyT) de FLACSO se focalizó en las grandes tendencias de concentración, centralización y extranjerización del capital y cómo estas transformaciones incidieron en la economía argentina, particularmente en cada uno de los patrones de acumulación en el siglo XX y XXI (Basualdo, 2006; Basualdo, Manzanelli y Calvo, 2020).
Otro grupo de trabajos enmarcados en la sociología económica también se orientaron a dicho problema de investigación, entre ellos: Castellani (2009), Castellani y Gaggero (2012 y 2014); Gaggero (2013); Gaggero y Schorr (2017); Rougier y Gaggero (2017), Schorr (2021).
En el clásico trabajo de Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986) sobre grupos económicos, los autores sostienen que en el marco del patrón de acumulación (28) resultante de la última dictadura militar (valorización financiera) los propietarios tanto de los capitales nacionales como extranjeros integrados y/o diversificados mediante el control de múltiples sociedades articuladas entre sí, vieron un incremento en su poder económico como así el control que ejercían sobre los distintos mercados que se tradujo en una gran capacidad para determinar el proceso económico y social. De esta manera señalan:

El nuevo patrón de acumulación se estructura a partir de grandes capitales que controlan la propiedad de múltiples firmas locales ubicadas en una diversidad de actividades económicas. La relación establecida entre sus empresas responde a estrategias que combinan la integración horizontal y vertical y la diversificación de actividades(Azpiazu, Basualdo y Khavisse, (1986).

Este proceso se produce como consecuencia de la concentración y centralización del capital. Este último fenómeno, se acrecentó en la economía argentina a partir de mediados de la década del 70, en el marco de un cambio relevante en el patrón de acumulación, con el fin de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) a partir del golpe cívico-militar de 1976 y la instauración de un nuevo patrón de acumulación, denominado de valorización financiera (1976-2001), tal como desarrolla el economista Eduardo Basualdo (2006). Esta categoría analítica es decisiva para comprender el rol de los actores económicos en Argentina, ya que se trata de procesos en los cuales unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la propiedad de los medios de producción con que cuenta una sociedad, mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas basándose en una reasignación del capital existente (compras de empresas, fusiones, asociaciones, etc.). Esto significa que se redobla la disparidad estructural entre los distintos tipos de capital: las fracciones más débiles, como las pequeñas y medianas empresas, e incluso parte del capital extranjero oligopólico, siguen conservando a la empresa como unidad económica. En los más poderosos, la unidad es el grupo o conglomerado económico, que opera coordinadamente con un reducido número de directores y bajo los mismos propietarios.
Cabe señalar que específicamente Basualdo denomina grupos económicos locales a una fracción del capital que se distingue de la burguesía nacional −con asociación directa a la industria y crecimiento en el proyecto del peronismo−, y desde ya, también diferente de las fracciones del capital extranjero (29). Los grupos económicos locales convergen con la fracción de la oligarquía agropecuaria que se diversificó hacia la industria (y que Basualdo denomina “oligarquía diversificada”) e incluso con algunos capitales de origen extranjero.
Asimismo, considera que estos capitales en conjunto con los conglomerados extranjeros o empresas extranjeras devinieron en actores centrales de funcionamiento económico debido a la primacía que asumieron en los procesos de diseño y ejecución de las políticas estatales, endeudamiento externo, internacionalización de capitales, etc., por ser beneficiarios de las distintas transferencias de recursos estatales (subsidios a las exportaciones, promoción industrial, capitalización de deuda, estatización de deuda externa privada, etc.) o bien por ser beneficiados por la protección frente a la competencia externa, entre otras (Aspiazu, Basualdo y Nochteff, 1990). Tal como menciona Iramaín (2013), partiendo de los estudios realizados por Basualdo,

esos agentes se caracterizan por presentar una estructura empresarial de tipo conglomeral con elevados niveles de diversificación y de integración vertical y/u horizontal; lo cual les permite detentar una importante presencia en distintos segmentos de mercado y les confiere una significativa gravitación sobre las principales variables económicas (tasa de inversión, nivel de empleo y salarios, tipo de cambio, tasa de interés, etc.). Por otro lado, esa inserción en la estructura se traduce, en la mayor parte de los casos, en un amplio poder político, signado por sus estrechos lazos con funcionarios públicos (Iramain, 2013, pág. 5).

En esa misma línea, Basualdo, Manzanelli y Calvo (2020), en el trabajo orientado al análisis de la trayectoria de los grupos económicos durante los siglos XX y XXI, señalan que el patrón de acumulación experimentado en Argentina luego de la última dictadura militar fue posible mediante la conformación de un determinado bloque de poder (30) sustentado centralmente por la alianza del capital financiero internacional y los grupos económicos locales (aunque quienes conformaron la cúpula fueron aquellas empresas que atravesaron un proceso de diversificación y/o integración transformándose en grandes conglomerados (31)). Es a partir de la entidad que adquieren desde la implantación de la valorización financiera que el estudio sobre los grupos económicos cobra relevancia. Al respecto, los autores mencionan:

la caracterización de que a partir de la dictadura militar se consolida una nueva cúpula empresaria no se refiere, como ya fue señalado, a que en ese momento surgieron y se organizaron los grupos económicos locales y conglomerados transnacionales que la constituyeron de allí en más, sino que alude a que en ese momento histórico estos agentes económicos, que ya estaban presentes en la sociedad argentina, pasaron a ocupar por primera vez ese liderazgo indiscutido, conjuntamente con algunos integrantes del exterior” (2020, pág. 14).

En este contexto, para los autores la existencia de sociedades de tipo holding (32) adquiere centralidad, constituyéndose en la nueva unidad económica de los sectores dominantes.
Schvarzer, quien analizó los grupos económicos en distintos periodos, fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90, hacia 1996 señala la existencia de una

amplia polémica sobre la concentración del poder económico local, el rol político y social de estos grupos y las posibilidades para el futuro nacional que se desprenden de su presencia y acción (Schvarzer, 1995: 1).

Y continuaba:

Aun así, no solo carecemos de informaciones más precisas al respecto, sino que, en general, esos intercambios teóricos avanzaron muy poco, hasta ahora, en algunos aspectos metodológicos referidos a la concepción teórica acerca de esos grupos, y su comportamiento, que parece cada vez más urgente en el análisis. Podría decirse que la acumulación de datos no avanzó pareja con el estado de la reflexión sobre el tema (Schvarzer, 1995: 1).

Schvarzer se propone teorizar los modelos referidos a la función de maximización de beneficios de la firma (sea esta una sola empresa o la cabeza de un grupo diversificado) en relación con su estructura de propiedad, con la finalidad de proyectar, o comprender, la lógica de crecimiento de la empresa o del grupo y su proyección. Entendemos que este propósito sigue vigente como una pregunta relevante.
Conducidos por Jorge Schvarzer, también cabe destacar el trabajo realizado desde el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA) (33) orientados al estudio de las principales corporaciones empresarias y su papel en la vida económica y política argentina, como ha sido el paradigmático libro sobre la estructura societaria de Bunge y Born. Este estudio pionero en el país sentó el estado de situación de las grandes corporaciones en la Argentina, pero teniendo como preocupación principal la relación de estas con el Estado en el retorno de la democracia. (34)
Como señala Schvarzer en su trabajo sobre grandes grupos económicos en Argentina, estos adquieren un “carácter cerrado” en tanto y en cuanto los balances de las empresas que conforman estos grupos son de difícil acceso; se desconoce el detalle de participación de sus miembros y sus respectivos familiares. Asimismo, las sociedades de las que se posee más información, por cotizar en bolsa, operan como si fueran cerradas debido a que la magnitud de sus paquetes accionarios se centra en una o pocas manos, y si bien publican balances sus empresas madres se encuentran ausentes en la bolsa (Schvarzer, 1995).
Por su parte, Bisang (1998) aborda a estos actores desde la perspectiva de la conformación de conglomerados económicos y el surgimiento de un nuevo perfil empresarial en el país durante la década del 80. En su trabajo estudia, tanto la magnitud de las organizaciones, sus formas operacionales y el proceso que explica su surgimiento como conglomerados, como las formas que adquieren respecto a la inserción internacional, los niveles de diversificación y especialización productiva, etc. Asimismo, señala que

en el marco de las transformaciones regulatorias y sectoriales de la economía, dentro del perfil empresarial comenzaron a cobrar importancia los conglomerados económicos con fuerte participación de capitales locales. Se trata de organizaciones que operan con centralización del capital en una estructura única en áreas funcionales clave −finanzas, recursos humanos, apertura de nuevos negocios, etc.− y una fuerte descentralización operativa, organizada generalmente en centros de negocios por actividad (Bisang, 1998, pág. 93-94).

Este nuevo perfil (35) empresarial es acompañado por una estructura organizativa en la cual comienza a cobrar importancia la figura de empresas holding que se profundiza en la década siguiente. Aunque con perfiles heterogéneos, se caracterizan por poseer una fuerte incidencia en la producción, el empleo y una creciente participación en los mercados internacionales (Bisang, 1998).
Adicionalmente, desde la sociología económica, otra serie de estudios han centrado su atención sobre la estructura corporativa empresaria, pero teniendo como preocupación central la acción (económica, corporativa o política) o el comportamiento empresarial, entendido como el conjunto de decisiones que los empresarios desarrollan para realizar sus planes de inversión y producción (Castellani, 2006); las decisiones macroeconómicas, el manejo de capital, la inversión, liquidación o no de divisas, manejo de precios, la orientación del perfil de inserción tanto en el mercado interno como el exterior, remesas de utilidades, endeudamiento y fuga; etc. o aquellas orientadas a influir en el espacio de las relaciones político-institucionales, ya sea, hacia el Estado o dirigido a otros actores en pos de obtener respuestas favorables a sus demandas (Dossi, 2010).
Particularmente Castellani desarrolla el concepto “ámbitos privilegiados de acumulación” (APA) y los define como

espacios donde las empresas privadas involucradas obtienen ganancias extraordinarias derivadas de la existencia de privilegios institucionalizados y no institucionalizados generados y sostenidos por el modo de vinculación que se establece entre el sector estatal y el privado (Castellani, 2007:18).

Esta categoría deviene central para comprender la articulación ente la intervención económica estatal, la acción empresaria y el desempeño de los grandes agentes económicos en el país.

Es posible pensar este concepto como un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados). Si se los define por su función, los APA constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio (Nochteff, 1994, citado por Castellani), si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas de articulación entre actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo (Castellani, 2008, pág. 139-140).

Finalmente, diversos estudios han tenido como objeto a los empresarios, ya sea desde el punto de vista de clase, o desde la óptica de firmas, redes y asociaciones (Hernández Romo, 2006; Zabludovsky, 1994, Luna y Puga, 2007). Sin embargo, por diversas razones, como ser la dificultad de acceso a las fuentes de información, imposibilidad de indagar tanto sobre cuestiones internas o de funcionamiento de las organizaciones empresarias debido a su “asilamiento” del entorno social ante la posibilidad de ser investigadas, sumado a la falta de interés de las ciencias en el estudio de las corporaciones como problema teórico por considerarlas un fenómeno carente de lógica autónoma o como mero reflejo reactivo frente al accionar de los trabajadores y las trabajadoras, la temática estuvo por fuera de la agenda de investigación durante muchos años (Dossi, 2010).
El concepto de grupo económico es, evidentemente, superador de la idea de empresa, que poco explica la lógica de toma de decisiones y de acumulación de los principales agentes. Dado que consideramos que la mirada en clave de grupo económico permite construir un lente analítico más potente para visualizar y, por ende, explicar las transformaciones en la organización empresarial y su impacto más allá de esta, el presente trabajo incorpora esta lectura.
Los trabajos analizados sobre los grupos económicos se asocian a los impactos que estos tienen en el desempeño económico general y, eventualmente, al análisis del compartimento de los agentes en cuestión, con amplios niveles de abstracción, no suelen abordar casos de propietarios o beneficiarios finales de los entramados, y, a la vez, no van acompañados de valorizaciones patrimoniales de los más ricos.
Así, pues, si los trabajos reseñados se ocuparon de estudiar la vinculación entre los grupos económicos como agentes y la estructura económica argentina, el presente documento aborda otra relación, cualitativamente diferente: ¿Cómo se organiza el patrimonio comercial de las personas más ricas del país? En la Parte 2 del presente se analizará la lógica de organización del capital en grupos económicos reconstruida bajo el concepto de entramado societario o empresarial que alude al grupo de sociedades o a la estructura empresarial. En este sentido, cabe profundizar en las definiciones de grupos económicos desde una mirada organizacional.
En términos jurídicos, es fundamental definir grupo económico. De acuerdo con Ermida Uriarte (citado por Grisolía (36)), el grupo económico es el conjunto de empresas formal y aparentemente independientes que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. Julio Grisolia sostiene que se trata de grupos de interés económico que operan por medio de una unión de distintas empresas que no están fusionadas, aunque tienen intereses comunes, resultando el grupo en su conjunto el verdadero empleador (Grisolia, 2009, pág. 141-144).
El autor establece que el conjunto económico se presenta en los siguientes casos: a) cuando existe una unidad, un uso común de los medios personales, materiales e inmateriales; b) cuando una empresa está subordinada a otra, de la que depende económicamente directa o indirectamente; c) cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de otra o del grupo a que pertenezca. Existe entonces conjunto económico cuando entre dos o más empresas exista una comunidad de bienes o medios productivos, una subordinación y dependencia económica, o bien cuando las decisiones de una de ellas sean influenciadas por las de la otra empresa, o más aún sean tomadas las decisiones trascendentes de ambas por las mismas personas (Grisolia, 1999, pág. 1).
Américo Plá Rodríguez, por su parte, enumera las siguientes características que debe tener el conjunto económico: a) unidad de domicilio patrimonial de la empresa; b) similitud y analogía de los giros por concomitancia o sucesividad; c) utilización en común de implementos industriales; d) identidad de organización administrativa o comercial; e) utilización de locales comunes; f) identidad en la integración de los directores o mandatarios de las empresas referidas a alguno o algunos de sus miembros; g) imposición de una empresa a otra de condiciones o lugar de comercialización de sus productos o con referencia a sus servicios de manera de crear una situación real (Plá Rodríguez, 1980, pág. 1-2).
Adicionalmente, el artículo 31 de la ley de Contrato de Trabajo, también establece criterios sobre conjunto económico de carácter permanente. Lo hace para determinar si es exigible solidaridad entre empresas subordinadas o relacionadas en caso de haber mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. La norma expresa que

siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control, administración de otras o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y trabajadoras y con los organismos de seguridad social, solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.

Siguiendo a Romina Guadagnoli,

Existe conjunto económico cuando dos o más empresas se encuentran interrelacionadas, de modo tal que existe entre ambas un vínculo permanente, y se dan determinados puntos en común, que determinan que conformen técnicamente una misma y única empresa, más allá de encontrarnos con dos o más personas jurídicas distintas. (37)

En este trabajo se utiliza el concepto de entramado empresarial (38) y se define como: interrelación compleja de sociedades, bajo control de una o más personas (familia), donde existe comunidad de bienes o medios productivos, y, en buena parte, subordinación y dependencia económica, organizada considerando decisiones de funcionamiento (estructura vinculada al desarrollo de una o más actividades en particular) y decisiones de ocultamiento (a través de sociedades vehículo sin finalidad productiva).
En esta definición resulta relevante identificar la empresa madre o holding, que controla el grupo. No solo ubicar dónde está radicada, sino también quiénes son sus accionistas y si puede conocerse la identidad de estos o si ella permanece oculta. Luego, es relevante definir el concepto de titular o beneficiario final, o sea, las personas físicas y sus familias que controlan los entramados empresariales estudiados, a través de la tenencia de acciones.
El Grupo de Acción de Financiera Internacional (GAFI), define al beneficiario final como

Aquella(s) persona(s) física(s) que finalmente posee o controla a un cliente y/o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica y otra estructura jurídica (Marano, 2019, pág. 2310). (39)

Esta figura puede verse oscurecida de distintas maneras, entre ellas, vía:

a) empresas fantasmas (aquellas constituidas sin tener operaciones significativas o activos relacionados) establecidas con diversas formas de estructura propietaria, especialmente en los casos en que existe un beneficiario extranjero diseminado por varias jurisdicciones; b) estructuras de propiedad y control complejas que involucran muchas capas de acciones registradas a nombre de otras personas jurídicas; c) directores y accionistas informales, como familiares, testaferros y asociados cercanos; … g) fideicomisos y otras estructuras jurídicas que permiten una separación de activos del propietario legal y beneficiario final; h) uso de intermediarios en la formación de las personas jurídicas, incluidos los intermediarios profesionales (Marano, 2019, pág. 2311).

La vinculación entre las personas físicas y los grupos económicos se da a través de la figura de control, que se operativiza con los porcentajes de participación del/de los/as titular/es respecto de la empresa holding o cabeza del grupo. Estos porcentajes son asimismo relevantes para determinar los patrimonios comerciales de las y los accionistas.

La noción paradigmática de control es la contenida en el 1o párr. del art. 33, LS: el control interno de derecho, o sea la tenencia de participaciones suficientes que otorgue los votos necesarios para formular la voluntad social. En una definición técnica y estricta, “control” implica la “posibilidad”, el “poder'” de ejercer la dirección unitaria, una situación estática y objetiva, una potencia (determinada cantidad de votos), pero no la actividad en sí (Aguirre, 2007, pág. 361).

En el presente trabajo, adicionalmente, se utiliza el concepto de patrimonio comercial. Este concepto refiere a la valorización del capital de una familia colocado en acciones o cuotas partes de sociedades/empresas dedicadas a alguna actividad. La definición difiere de patrimonio personal o individual de una persona/familia. Como se mencionó en el caso de Forbes, los patrimonios son personales. Aquí interesa la reconstrucción y valorización del patrimonio comercial familiar.

Fuga de capitales y Grupos Económicos en Argentina: el estudio de Eduardo Basualdo en relación con los acontecimientos del 2001

Existen diversos conceptos sobre la fuga de capitales. Eduardo Basualdo y Matías Kulfas (2000) en su libro “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina” indican:

La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos (inversiones directas, etc.) o financieros (títulos, acciones, depósitos, etc.). No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas, o adquirir títulos, acciones e inmuebles, o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados “precios de transferencia” y los “créditos intrafirma”, que fueron (y siguen siendo) mecanismos tanto de remisión de utilidades como de elusión y evasión impositiva utilizados por los distintos capitales extranjeros para incrementar su rentabilidad y facilitar la remisión de utilidades a sus respectivas casas matrices. En la actualidad esta operatoria también es utilizada por los capitales locales con inversiones directas en el exterior (Basualdo, E. y Kulfas, M., 2000, pág. 77-78).

Asimismo, se considera la existencia de tres métodos para estimarla. Primero, el “método residual de la Balanza de Pagos” es una estimación indirecta basada en balanza de pagos, que considera como fuga a todos los dólares que ingresaron al país y no se sumaron a las reservas del BCRA. Otra estimación es la Posición de Inversión Internacional de INDEC, que es un método directo que mide el valor del stock de activos que tienen los argentinos en el extranjero. Tercero, el método más usado es la Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero de los residentes (FAE de SPNF). La medición del Banco Central es un registro de la compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario desde el 2002 hasta la actualidad. Sin embargo, la FAE tiene una limitación que cabe corregir y pocos lo hacen: incluye la dolarización que queda en el sistema financiero a través de depósitos en dólares y lo correcto es netearlos del acumulado.
Para el caso argentino, el trabajo de mayor trascendencia y que ha aportado elementos analíticos para pensar la fuga de capitales en Argentina es el realizado por Eduardo Basualdo por pedido de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina durante el año 2001 y que fue publicado en el año 2005. (40) Este documento, además de ser el primero que da cuenta de información, llego a una serie de conclusiones que hoy son vigente para la economía argentina:

• En la economía argentina existe un problema estructural que consiste en la práctica de muchos particulares y de sector empresarios de alta concentración de colocar sus excedentes financieros en el exterior.
• Una parte muy importante de esos fondos son presumiblemente producto de la evasión y/o elusión impositiva, lo que a su vez explica la vocación por la fuga
• Se conformo un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con entidades offshore en el exterior, lo que es de conocimiento abierto por los operadores y participantes del sector financiero.
• Hubo responsabilidad de las entidades financieras toda vez que no se denunciaron maniobras sospechosas o cuando los procedimientos utilizados burlaron las leyes nacionales
• Parece indiscutible el escasísimo nivel de supervisión por parte del BNCRA, así como de las distintas dependencias de la AFIP
• El BCRA facilito o favoreció el creciente endeudamiento del sistema financiero local con el exterior, y genero una mayor fragilidad del sistema de crédito, incumpliendo con lo establecido en la legislación vigente
• De allí que sea necesario modificar la legislación vigente, y fundamentalmente las instancias de control, para evitar que se repitan episodios como los del año 2001.
• Asimismo, resulta altamente probable que una parte importante de los fondos que salieron de la economía no se encuentren correctamente declarados, con su consecuente evasión fiscal (Basualdo E., 2005, pág. 137, 139 y 140).

Leandro Bona continúa esta línea de análisis, en su libro titulado “La fuga de capitales en Argentina. Sus actores alcances y transformaciones desde 1976”, detalla una serie de denuncias penales radicadas en la justicia nacional y extranjera, así como diversos listados suministrados por fuentes oficiales que permiten incorporar una dimensión cualitativa sobre la fuga. Se trata de los siguientes registros relativos a la extracción de divisas y ganancias financieras en el período 2002-2017:

1. La denuncia del exasesor de la Banca Morgan para el Cono Sur, Hernán Arbizu, presentada en 2008.
2. La denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de la publicación de las cuentas no declaradas de residentes argentinos en el HSBC de Ginebra.
3. El detalle de las cuentas de residentes argentinos en el banco BNP Paribas, encontrado en 2010.
4. La lista suministrada por el expresidente del BCRA Hernán M. Pérez Redrado sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009 por montos superiores a los US$ 100.000 (personas) o los US$ 300.000 (empresas).
5. El registro publicado por Alfredo Zaiat (2014) de los primeros 100 compradores de divisas en 2011, también dividido en personas físicas y jurídicas.
6. La información suministrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) referida a los Papeles de Panamá y de Bahamas.
7. La lista de las 50 firmas que más divisas giraron al exterior en 2014, suministrada por el BCRA.
8. La lista de compradores de dólar futuro en 2015 (último año del mandato de Cristina Fernández), mecanismo especulativo que responde a la lógica de acumulación de los sectores concentrados en la Argentina con miras a cambios en la posición cambiaria. Este fenómeno significó una extraordinaria transferencia de excedente económico desde la esfera pública a la cúpula del sector privado luego de las presidenciales de 2015.
9. La información suministrada por el ICIJ en los Papeles del Paraíso (Bona, 2018, pág. 51-52)

Las conclusiones del trabajo de Bona son relevantes en la medida en que identifica que las empresas que explican la fuga de manera sistemática remiten al poder económico en la Argentina:

• vinculadas a la industria del petróleo: YPF (especialmente bajo control privado), Shell, Esso, Pluspetrol, Petroquímica Cuyo, Total Austral, Tecpetrol, Compañías Asociados Petroleras, San Antonio Internacional, Pluspetrol y Wintershall Energía;
• “vinculadas al sector primario y agroalimentario: LDC, Molinos Río de la Plata, Massalin Particulares, Cargill, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Oleaginosa Moreno, Arcor, Profertil, Bagley, Productos de Maíz SA, Cafés La Virginia, Cepas Argentinas”;
• “conglomerados locales (industria, comercio, construcción y otros): Techint (Siderar y Siderca), Aluar, Acindar, Arcor, Clarín, Ing. Norberto Priu, Loma Negra, Coto, etc.; completan la lista las firmas de los sectores financiero y productivo” (Bona, 2018, pág. 98-99).

En suma, Bona concluye que “la cúpula empresaria es clave para entender la dinámica de extracción de divisas en el país, más allá de la residencia de las firmas: tanto el capital local como el extranjero valorizan su excedente en divisas de manera constante” (Bona, 2018, pág. 98-99).
En este marco, las filtraciones que han sido publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) aportaron detalles sobre el caso argentino (41). En el capítulo argentino vinculado a la megafiltración de datos, aparecen diversos integrantes de la coalición gobernante en ese entonces (Cambiemos), incluyendo al primer mandatario Mauricio Macri y sus familiares y también a accionistas y directivos de algunas de las empresas más grandes del país, personalidades ligadas a bancos y prestigiosos estudios legales y contables (tales como M&M Bomchil, Klein & Mairal, Itzcovich Griot & Asociados, etc.) que utilizaron las estructuras offshore para concretar evasión fiscal. La información filtrada para el caso argentino consiste en 61.857 archivos (de los cuales 354 se relacionan con Mauricio Macri) correspondientes a distintas corporaciones locales y extranjeras, como a sus directivos, dueños de pymes, celebridades, como ser el caso de Luis Saguier, uno de los dueños del diario La Nación, o bien el caso de Grupo Clarín o Perfil. Entre los datos conocidos a partir de la publicación de los Panamá Papers se encontraron más de 30 estructuras offshore vinculadas con la familia del expresidente y directivos del Holding Socma, y otras 18 sociedades de este tipo en las cuales participaron distintos funcionarios y colaboradores del gobierno (Claudio Avruj, Carlos Augusto Lo Turco, Jesús María Silveyra, Clarisa Lifsic, Darío Lopérfido, Gustavo Arribas, Daniel Angelici, Nicolás Caputo, Néstor Grindetti, Pablo Clusellas, Fernando de Andreis, entre otros). Asimismo, estos datos revelaron la existencia de una serie de  argentinos implicados, entre los que se encuentran el empresario de medios Héctor Magnetto, la empresaria cementera Amalia Fortabat, el empresario multirubro Pérez Companc; Luis Pagani, del rubro alimentación; Javier Madanes Quintanilla, productor de aluminio; Eduardo Eurnekian, líder en aeropuertos; el supermercadista Alfredo Coto, el petrolero Carlos Bulgheroni, el empresario de los laboratorios Roemmers (Alberto Roemmers); la familia Garbarino, asociada a cadenas de comercialización de electrodomésticos; Claudio Belocopitt, dueño de una importante prepaga en Argentina; los hermanos Mastellone, del negocio lácteo; Antonio Eduardo Tabanelli, de la industria del juego; el empresario Francisco De Narváez, con origen en las cadenas de retail; el empresario de medios y espectáculos Matías Garfunkel; el azucarero Carlos Blaquier; Raúl Frávega, de la cadena de comercialización homónima; el empresario energético Marcelo Mindlin; Eduardo Costantini del negocio inmobiliario y Santiago Soldati, dueño de empresas de servicios públicos contratistas de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

Investigaciones sobre las guaridas fiscales como forma de evasión  

La fuga de capitales debe ser analizada desde la óptica global, en virtud de la expansión de los paraísos fiscales. Se trata de un fenómeno que ha proliferado desde mediados de la década del 70 acompañado de un proceso de financiarización y offshorización global. Durante las décadas de los 80 y 90, luego de que el proceso de globalización generara una creciente movilidad de capitales y la aparición de nuevos negocios basados en la gestión de flujos financieros(42) (Molina y Pedraza, 2011) y la expansión de políticas de liberalización y apertura financiera aplicadas por los gobiernos neoliberales (Garzón Espinosa, 2011), la temática relacionada a la formación de “paraísos fiscales” y la evasión fiscal (términos íntimamente relacionados) cobra centralidad en los debates académicos y en los distintos organismos internacionales para dar cuenta de los mecanismos mediante los cuales se montaba una ingeniería destinada a que diversos millonarios y grupos económicos transnacionales ocultasen su patrimonio y de esa manera evadir la responsabilidad tributaria correspondiente en los países de origen (Strada y Velarde, 2021).
Al respecto Christensen (2003) sostiene que el crecimiento de la economía offshore y su ligazón con las prácticas fiscales dañinas puede rastrearse a partir de la década del 60 cuando se produce un cambio tecnológico y comunicacional y la liberalización de los mercados de capitales. Garzón Espinosa (2011) confirma que la expansión de paraísos fiscales se produce en las décadas de los 80 y 90 como resultado de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos neoliberales de liberalización y apertura financiera. Para Almirón (2005) los paraísos fiscales se expanden por la supresión de las trabas legales y los controles de cambio y el desarrollo de las telecomunicaciones que contribuyeron a intensificar los movimientos de capital internacional en los 80.
Es decir, en ese escenario de competencia fiscal, comenzaron a emerger los mal denominados paraísos fiscales (refugios o guaridas fiscales, tal su correcta acepción en inglés), así como también los regímenes preferenciales nocivos, dedicados principalmente a canalizar inversiones de no residentes.
Schomberger, Tibocha y López Murcia (2007) definen como “paraísos fiscales” a los Estados o territorios exentos de imposiciones a las ganancias o que se caracterizan por poseer tarifas muy bajas, limitaciones en el acceso e intercambio de información y nula transparencia. Asimismo, el concepto no alude a meras cuestiones tributarias, sino que también es extensivo al terreno bancario, societario y legal. Para que un Estado o territorio determinado sea considerado “paraíso fiscal” debe aprobar la constitución de sociedades de capital con mínimas formalidades; permitir la conformación en entidades bancarias sin sujeción a requisitos patrimoniales y de confiabilidad, tales como el secreto bancario; y finalmente la ausencia dentro de los Estados de códigos penales que contemplen las figuras de evasión fiscal, falsificación de balances, corrupción, etc. (Strada, 2021). En lo que respecta a la materia tributaria los paraísos o guaridas fiscales se caracterizan por

ausencia o excesiva moderación de los impuestos sobre los beneficios empresariales, sobre las donaciones y herencias; fuertes deficiencias o carencias en materia de supervisión y control bancario y sobre las transacciones financieras; carencia de información y de estadísticas completas sobre las operaciones financieras; un volumen de operaciones financieras de no residentes, en moneda no local desproporcionado con respecto al tamaño de la economía; ausencia de penalización o tolerancia en relación con la práctica del blanqueo de dinero; y otras deficiencias normativas. Las prácticas de los paraísos fiscales conducen a una dañina competencia fiscal, ya que los países de tributación normal tienen que recurrir a tasas de imposición que les permitan ser competitivos (Strada, 2021, pág. 4).

En tanto Ordoñez (2017) señala que los paraísos fiscales atentan contra los sistemas tributarios y en consecuencia dañan seriamente las finanzas públicas. Molina y Pedraza (2011) siguiendo a la Tax Justice Network (2005) propone la definición de paraíso fiscal como: “países o territorios cuyas leyes pueden ser utilizadas para evadir o eludir los impuestos que deben pagarse en otro país bajo las leyes de este último” (Molina y Pedraza, 2011: 1).
Diversos organismos han ensayado definiciones respecto a la temática. En dicho sentido, la OCDE (1998) califica de los regímenes fiscales perniciosos a aquellos Estados o territorios que se caracterizan por: baja o nula tributación; división subjetiva u objetiva del régimen. Esto es cuando el régimen fiscal excluye de su ámbito de aplicación, explícita o implícitamente, a los contribuyentes residentes se reconoce como división subjetiva. Y cuando los contribuyentes no residentes beneficiarios del régimen tienen prohibido el acceso al mercado nacional se califica como división objetiva. O bien que se caractericen por una falta de transparencia del sistema fiscal, tanto a nivel legal, reglamentario o administrativo, otorgando la posibilidad de negociar individualmente aplicaciones favorables relacionadas a las disposiciones legales; o por la existencia de normas legales o prácticas administrativas que restrinjan el intercambio de información. Por último, para ser considerado dentro de esta categoría resulta necesario que la baja o nula tributación se combine con algunas de las otras tres categorías restantes.
En la misma sintonía el FMI define como offshore financial centers a los territorios que se caracterizan por poseer instituciones financieras involucradas mayoritariamente en negocios con no residentes; por poseer sistemas financieros con activos y obligaciones externas en proporciones desmesuradas respecto a las necesidades de la economía doméstica; centros que proveen niveles impositivos bajos o nulos; moderada o ligera regulación financiera; y secreto bancario y anonimato (Ordoñez, 2017). Por último, Oxfam caracteriza como “paraísos fiscales” los territorios que intencionalmente adoptaron legislaciones que permiten la no identificación de las entidades registradas ni de sus titulares; escasa o nula tributación; beneficios fiscales para no residentes sin necesidad de justificar una actividad económica sustancial y real, y ausencia de intercambio de información con otras administraciones fiscales.
Los “paraísos fiscales” son receptores tanto de la evasión fiscal como de la elusión fiscal. Esta última entendida como una práctica legal realizada por las empresas para diversificar los territorios en los cuales deben pagar impuestos orientada a tener una menor carga impositiva. En cambio, la evasión fiscal consiste en una práctica ilegal consistente en no registrar ganancias que de lo contrario serían gravadas con algún tipo de impuesto. Conviene señalar que dentro de este último tipo de prácticas se encuentran implícitas diferentes tipos de actividades ilícitas como la trata de personas, que afecta principalmente a las mujeres (Grondona, Bidegain Ponte y Rodríguez Enríquez, 2016) (43). Asimismo, como señala Gaggero (2018), para los países emergentes resulta necesario vincular la dinámica que asumen la riqueza offshore, los paraísos fiscales y la evasión fiscal, que se constituyen como un entramado complejo en el que las grandes compañías intervienen activamente, en relación con la fuga de capitales íntimamente ligada a la evasión tributaria y el lavado de activos. En dicha sintonía,

a través de distintas construcciones jurídicas artificiales, como la creación de Sociedades Holding offshore en jurisdicciones de baja o nula tributación sin un correlato en la actividad económica real del contribuyente, o la utilización de Vehículos de Inversión Colectiva (CIV) con carga fiscal reducida, la registración de Sociedades Holding en países donde la red de Convenios para Evitar la Doble Tributación permite la utilización de loopholes normativos que hacen posible minimizar la carga fiscal, la realización de operaciones “Back to Back” de autopréstamos, y el aprovechamiento de los efectos generados por los Instrumentos Híbridos, y la posibilidad de Deducciones Dobles, así como el manejo de los Precios de Transferencia entre empresas vinculadas, han logrado erosionar las bases imponibles de los países de origen de los inversores durante muchos años, generando como principal efecto un considerable ahorro fiscal  para las empresas en sus jurisdicciones de origen (Strada, 2021, informe en elaboración CEPA-FES).

A partir del estudio de los grupos económicos se puede identificar la existencia de una sofisticada ingeniería en la configuración de la estructura empresarial orientada a ocultar información de forma deliberada, con la finalidad de aminorar la carga impositiva o concretar la evasión fiscal, la fuga de capitales, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, etc., así como otros comportamientos generalizados vinculados al ocultamiento de la situación patrimonial.
Procesos como los señalados se materializan por intermedio de diferentes mecanismos, y se encuentran presentes en el accionar de los distintos grupos aquí analizados. El más generalizado de estos consiste en la estrategia de relocalización e internacionalización, que consiste en radicar el centro financiero de los grupos en países que ofrecen beneficios impositivos a las empresas con figuras de holding, al ofrecer exenciones fiscales a las subsidiarias que operan en otros países (Gaggero, 2015). Asimismo, existe otra serie de mecanismos mediante los cuales las empresas buscan minimizar el pago de impuestos y desviar utilidades hacia el exterior, al respecto Grondona (2014) señala entre los más comunes a las triangulaciones (intervención de las empresas radicadas en paraísos fiscales como intermediarias en las operaciones), la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; reestructuración de negocios e “intangibles” (forma encubierta de remitir utilidades entre empresas de un mismo grupo); prestaciones de servicios o logística desde el exterior (fijación de sobreprecios con la finalidad de reducir las ganancias de las subsidiarias y girar dividendos de forma encubierta); endeudamiento con las casas matriz (simulación de créditos y préstamos combinado con la fijación de tasas ampliamente superiores a las de mercado); servicios intragrupo (fijación o simulación de prestaciones por las cuales el resto de las subsidiarias envían pagos en concepto a los servicios prestados). Por lo general, estos artilugios están crecientemente direccionados hacia las empresas madres ubicadas en guaridas fiscales o países de baja tributación, incrementando los ingresos de estas últimas y subiendo los costos de las que operan en el país. Sumado al hecho que la generalización de prácticas de este tipo

en los países en desarrollo impacta fuertemente en la fuga de capitales; ya que por vía de estos mecanismos se logra transferir activos al exterior como si fueran parte de las actividades normales del negocio eludiendo, en ocasiones, las restricciones cambiarias a través de mecanismos legales que posibilitan los pagos al exterior en concepto de retribución por operaciones intragrupo (Grondona, 2014, pág. 7).

El incremento de la presencia internacional de los grupos económicos, deviniendo en actores de peso en sus actividades a nivel mundial (Gaggero, 2015) está fuertemente articulado con el grado de consolidación de los centros financieros offshore (guaridas fiscales), que −como señala Magdalena Rúa (2018)− se caracterizan, por un lado, por tener instrumentos financieros desregulados y ser destinatarios de la fuga de capitales del resto del mundo y, por otro, por poseer estrictas leyes vinculadas al secreto financiero y fiscal (“jurisdicciones del secreto”), imposibilitando el intercambio de información con otros países en lo que respecta a las personas humanas y jurídicas no residentes acerca de su situación patrimonial o de ingresos. Además,

cuentan con legislaciones comerciales y/o financieras flexibles, que, por ejemplo, permiten la rápida constitución de sociedades, no exigen la presentación de estados contables, la inscripción en un registro público oficial, ni la elaboración de libros contables ni societarios, o disponen de ciertos tipos de estructuras jurídicas o financieras desreguladas (como ser trusts, fideicomisos, fundaciones, fondos de inversión, hedgefunds, etcétera) (Rúa, 2018, pág. 258).

Jorge Gaggero (2018) menciona cinco actores íntimamente asociados: los paraísos fiscales, la banca global, las empresas transnacionales, las grandes consultoras globales y los estudios legales especializados. Todos estos agentes funcionan como facilitadores para la fuga de capitales, la cual, como ya se dijo, está íntimamente relacionada con la evasión tributaria. En línea con estos argumentos, Gaggero, Rúa y Gaggero (2013) sostienen que, para el año 2012 en Argentina, el incumplimiento tributario rondaría el orden del 30% (lo que significaría 13 puntos del PIB). Además de esto, los autores sostienen que el sistema impositivo argentino opera de diversos modos en favor de la fuga de capitales. Por un lado, se estimula el vaciamiento del capital empresario, debido a que se incentiva a los dueños de las empresas a retirar el capital y dirigirlo hacia inversiones financieras o inmobiliarias, en lugar de invertir en sectores de la economía real. Por otra parte, los autores sostienen que estas actividades financieras que se ven favorecidas por el actual régimen tributario son en su mayoría de ciclo corto, es decir, negocios donde no se “anclan” los capitales, como por ejemplo la construcción de countries. Por lo tanto, y no solo en Argentina sino también en el mundo, la problemática de la evasión fiscal y su necesaria contracara, los paraísos fiscales, es algo que los Estados y gobiernos deben prestar especial atención.
Oscar Ugarteche, investigador peruano que ha realizado trabajos sobre el funcionamiento de la arquitectura financiera internacional y lavado de activos, sostiene que

En la situación actual sin paraísos fiscales no hay banca internacional. Los paraísos fiscales son funcionales a la maximización extrema de ganancias de los bancos, a la financiarización internacional. En un préstamo tienes que cobrar el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿A quién? ¿Al extranjero en un país? ¿Al que tomó el préstamo en otro país? Nada de eso. Los préstamos suelen realizarse desde un tercer sitio donde, mira qué casualidad, no se cobran impuestos. Entonces el importe del crédito sale limpito. Los paraísos fiscales sirven para esconder impuestos en el comercio internacional y para facilitar operaciones de crédito. Por no hablar de una tercera función: encubrir operaciones internacionales poco legítimas o ilegítimas. (44)

Asimismo, la problematización respecto a la existencia de “los paraísos fiscales”, la evasión y elusión fiscal ha despertado interés hacia el fenómeno del dumping fiscal. Diversos autores han teorizado sobre el tema. Entre ellos se destacan los trabajos de Sarbovan (2009) para quien el dumping fiscal consiste en una característica de la competencia de mercado, basada en el incremento del atractivo fiscal dentro del territorio nacional, instrumentado mediante políticas fiscales favorables. Y el trabajo de Kim (2018) orientado a desentramar los discursos sobre ineficiencia gubernamental y austeridad fiscal subyacentes al dumping fiscal como así a los efectos producidos por este mecanismo en escala (45), describiendo la transferencia de los costos de las crisis de mercado al Estado, de las elites hacia los sectores marginales de la sociedad y del gobierno federal hacia las autoridades estatales y municipales (Strada, 2021).
Es decir, a la desregulación comercial y financiera se le adicionó un proceso de competencia fiscal internacional muy problemático para las capacidades de los Estados nacionales. En base a las asimetrías en las legislaciones impositivas de los distintos países, así como a la creación y utilización de las estructuras artificiales antes desarrolladas, se posibilita no solo un ahorro impositivo, sino que, además, se garantiza una estructura opaca que permite ocultar cuentas bancarias, tenencias accionarias y la titularidad final de activos y empresas respecto de sus auténticos dueños.
La OCDE (46) califica a las jurisdicciones según los estándares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con fines fiscales: EOIR (por su nombre inglés Exchange of information on Request) y AEOI (por sus siglas en inglés, Automatic Exchange of Information). El Foro Global monitorea la implementación mundial de estos estándares y realiza revisiones por pares para asegurar que se implementen de manera efectiva. (47) Dicho Foro está compuesto por 163 países miembro.
El primer estándar acordado e implementado, desde 2009, prevé el intercambio internacional de información a pedido (EOIR), donde una autoridad tributaria puede solicitar un dato particular para avanzar en una investigación fiscal. El segundo prevé el intercambio automático internacional de información (AEOI), y se aplica desde 2014. A partir de este estándar AEOI, cada año se intercambia automáticamente un conjunto predefinido de información sobre las cuentas financieras de los no residentes. La calificación final se elabora a partir del cumplimiento de los siguientes indicadores: información de propiedad e identidad, información contable, información bancaria, acceso a la información, derechos y salvaguardas, mecanismos EOI, red de mecanismos EOIR, confidencialidad y calidad y tiempos de respuesta (48).
Los dos países que figuran en la lista de 2020 que incumplen con los estándares propuestos por el Foro Global son Anguila y Guatemala.
La Unión Europea, por su parte, realiza un procedimiento similar para clasificar a los países como cooperantes o no cooperantes. Existen entonces dos criterios generales para la evaluación:

1. Criterio de transparencia: Se trata del compromiso del país de implementar intercambio de información automático, ya sea uniéndose al acuerdo de la autoridad multilateral competente o a través de acuerdos bilaterales. También se evalúa si la jurisdicción es miembro del Foro Global y si la calificación del Foro Global es satisfactoria para este país.
2. Criterio de política fiscal justa: Se evalúa la existencia de regímenes fiscales dañinos en las jurisdicciones.

Como se mencionó, la Unión Europea en el año 2020 da cuenta solamente de 12 paraísos fiscales que ingresaron en la lista negra, estos son: Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu (Comisión Europea, 2020). Vale aclarar que este listado responde a países que no cumplen con los requisitos anteriormente mencionados, pero que además no se han comprometido a modificar los aspectos que los hacen ser paraísos fiscales, o han incumplido los acuerdos con los organismos internacionales.
Estas definiciones técnicas de los organismos internacionales como la OCDE o la UE ciertamente dejan de lado elementos de relevancia a la hora de analizar los paraísos fiscales a nivel mundial y ello no es inocente, ya que limitan las decisiones de intervención a medidas superficiales. Teniendo en cuenta esta situación, existen otras organizaciones que han realizado listados de países en base a criterios que los organismos multilaterales dejan afuera. Este es el caso de Tax Justice Network (49), que ha elaborado el índice de opacidad financiera y el índice de paraísos fiscales para corporaciones (50) multinacionales.
El índice de opacidad financiera utiliza metodología cualicuantitativa para dar cuenta del grado de opacidad financiera de los países. El componente cualitativo tiene que ver con la construcción de 20 indicadores que se agrupan en cuatro dimensiones: a) registro de propiedad; b) transparencia de las personas jurídicas; c) integridad de la regulación fiscal y financiera; y d) normas y cooperación internacionales.
Una vez establecido el grado de cumplimiento de los países respecto de los diferentes indicadores, se realiza la ponderación global para dar una idea del tamaño del centro financiero extraterritorial, de lo cual surge el puntaje definitivo del índice de opacidad financiera (51). Por otra parte, la Tax Justice Network también calcula el peso a escala global de cada país países en el monto total de servicios financieros transfronterizos. Y finalmente elabora el índice de paraísos fiscales para corporaciones que clasifica a las jurisdicciones en torno a cuáles son los paraísos fiscales más importantes del mundo para las corporaciones multinacionales. (52) A continuación, se adjunta listado de los 20 primeros países que figuran en los tres indicadores:

Primeros 20 países en índice de opacidad financiera y cruce con datos de su incidencia en los servicios financieros transfronterizos e índice de paraísos fiscales, año 2020

Fuente: CEPA – FES en base a Tax Justice Network – Financial Secrecy Index 2020.

La categoría entramados empresariales acuñada en el presente trabajo muestra particular interés en el rol de la empresa madre o holding, las definiciones de beneficiario final y la estructura organizativa del capital relacionada con elusión y ocultamiento. Por eso, fueron de utilidad los aportes realizados por Tax Justice Nerwork sobre guaridas fiscales y países de baja tributación. 
Asimismo, si bien muchas familias y personas millonarias estudiadas en este trabajo registran cuentas offshore o participación en sociedades en guaridas fiscales, se tuvo particular consideración en el análisis de lo que podríamos denominar offshorizacion de los entramados, es decir, la organización del capital estructurado en varios eslabones cuyas principales empresas se ubican en guaridas fiscales. 

Estudios de caso sobre trayectorias de los principales empresarios de Argentina

Existen distintos abordajes sobre la historia empresarial y biografía de las familias más ricas de nuestro país, de enorme relevancia para la descripción de la trayectoria familiar y empresarial a la vez.
Uno de los precursores fue José Luis de Ímaz (1962) con un trabajo que reconstruye las historias de vida de quienes ocupaban las “más altas posiciones institucionalizadas dentro de la sociedad” argentina durante los últimos 25 años (1936-1961). Mediante la reconstrucción documental se investiga un elenco de políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Sociedad Rural, los más grandes propietarios, los empresarios, la Iglesia y los dirigentes sindicales.
De allí en más, el periodismo de investigación y distintos aportes académicos relevantes han publicado numerosas obras que dan cuenta de buena parte de la historia de los principales hombres de negocios (muy pocas mujeres han sido incluidas en esas reseñas) de nuestro país.
Eduardo Basualdo, Daniel Azpiazu y Miguel Khavisse (El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80, 1986) y Jorge Schvarzer (Bunge & Born: crecimiento y diversificación de un grupo económico, 1989) son precursores en estudios sobre trayectorias de grandes empresarios argentinos. En este segundo caso, el autor menciona que “Bunge y Born es el nombre más conocido con el que se reconoce a uno de los grupos empresarios más grandes de la Argentina” ilustrando la tarea que aborda en dicha obra, de corte académico.
Hacia la década del 90, Horacio Verbitsky, con Robo para la Corona (1991) y Luis Majul, con Los dueños de la Argentina (1992) y Los dueños de la Argentina II (1994) desarrollaron el perfil de varios empresarios de nuestro país, poniendo especial énfasis en sus vinculaciones con el poder político. Son textos de investigación periodística que describieron perfiles de personajes como Carlos Bulgheroni, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Goyo Pérez Companc, Amalita Fortabat, Franco Macri, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Santiago Soldati, entre otros.
Más acá en el tiempo, Gabriel Bernal, Ricardo Martínez y Fernando Medina escriben, en 2008 y para la CEPAL, Impacto económico de Ledesma S.A.A.I. en la provincia de Jujuy, donde analiza la estructura de la empresa, el empleo, los salarios y la influencia de la empesa en la producción de bienes y servicios en la provincia.
Posteriormente, Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco escriben Los patrones de la Argentina K. Los negocios, el poder y la política de los verdaderos dueños de la década ganada (2013). Allí aluden a empresarios como Jorge Brito, Carlos Bulgheroni, Héctor Magnetto, Luis Pagani, Enrique Eskenazi, Marcelo Mindlin, Cristóbal López, Eduardo Elsztain y Paolo Rocca, entre otros, durante los periodos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como presidentes de la Argentina.
Martín Sivak escribe dos tomos (el segundo titulado Clarín, la era Magnetto, 2015), como parte de su investigación doctoral realizada en la Universidad de Nueva York, donde relata la transformación de Clarín en el multimedio más grande en América Latina y el rol empresarial de Magnetto en la economía argentina.
Esteban Rafele junto con Noelia Barral Grigera publican El otro yo (2017) −Nicolás Caputo−, donde describen la vertiginosa expansión de los negocios de Caputo como contratista de obra pública en la Ciudad de Buenos Aires y luego en el resto del país, haciendo particular hincapié en la relación personal con el expresidente Mauricio Macri.
Hernán Vanoli junto a Alejandro Galliano en Los dueños del futuro (2017) analizan una nueva generación de billonarios, que lideran distintas ramas de la economía, realizando entrevistas personales que dan cuenta de las perspectivas hacia el futuro de nuestro país. Incluyen a Federico Tomasevich, Federico Braun, Gerardo Bartolomé, Hugo Sigman, Marcos Galperín y Eduardo Costantini.

Las dificultades para las investigaciones sobre riqueza en Argentina y América Latina

Existe consenso acerca de que la casi inexistencia de estudios de carácter cuantitativo sobre riqueza puede encontrar una de sus razones en las dificultades metodológicas inherentes a este tipo de investigaciones. El presente trabajo destaca tres grandes aspectos problemáticos relacionados con las investigaciones sobre riqueza.
En primer lugar, la escasa información disponible debido a que los trabajos empíricos sobre elites empresariales en la región no abundan y, paralelamente, a medida que las elites empresariales ven incrementado su poder, crece su invisibilidad (Cárdenas, 2016). Quien investiga al momento de encarar estudios cuantitativos sobre riqueza se enfrenta a una situación de bloqueo (Cattani, 2009). A diferencia de los trabajos sobre sectores vulnerables, que son fácilmente permeables a la investigación, tal como señala Marcelo Medeiros (2005) “los ricos se esconden” debido al temor de que estudios de estas magnitudes puedan derivar en medidas que no los beneficien. Este segmento de la población evita que sus activos, sus ingresos y sus comportamientos tomen visibilidad pública, por tanto

cualquier investigación por parte de las autoridades de agencias gubernamentales y, en mayor medida, cualquier estudio encontrará innumerables barreras creadas por abogados y expertos en gestión de grandes fortunas o simplemente obstáculos físicos custodiados por guardias de seguridad armados. [...] Los poseedores de grandes fortunas están interesados en preservar el control absoluto sobre los aspectos que les interese difundir, secreto total sobre las fuentes de ingresos y donaciones, y eventualmente visibilidad a aspectos de vida social que ratifica su prestigio (Cattani, 2009: 547).

En segundo lugar, a la situación mencionada se le suman las limitaciones inherentes al campo de investigación de las distintas disciplinas, que manifiestan una suerte de abandono teórico-metodológico del tema.

Así analizado por Michel Pinçon y Monique Pinçon-Charlot (2007), el tema de la riqueza sufre una serie de prejuicios asociados a la aparente falta de legitimidad política del tema. El estudio de los pobres y los miserables se considera prioridad en varios campos del conocimiento y para la definición de políticas de Estado (Cattani, 2009: 547).

debido a la trascendencia que trae aparejado el tema en la búsqueda de estrategias contra la pobreza, avanzar en el empoderamiento de los sujetos vulnerables, o bien alcanzar reducciones en las desigualdades sociales. Por el contrario, pareciera que en las ciencias sociales el estudio de la riqueza estuvo asociado a una suerte de identificación elitista por parte del investigador o la investigadora, además de estar vinculado a una significación peyorativa o antiética por el hecho de la demanda de recursos, lo que vendría a reforzar una distribución de estos a favor de dicho fragmento poblacional. En este sentido, Cattani (2009) señala que

es muy probable que el segundo [el estudio de la riqueza] se considere un tema inútil, que no merece apoyo del gobierno. La producción del conocimiento, en el primer caso [el estudio de la pobreza], puede ser indispensable para una correcta evaluación de las políticas que ayudan a los involucrados a salir de la situación de la pobreza. Pero, la segunda propuesta puede traer elementos explicativos de lo continuo y renovado proceso de producción de pobreza (Cattani, 2009: 547).

En tercer término, se observa una importante dificultad para el acceso a la información producto de la configuración de las estructuras societarias y su ubicación en guaridas fiscales e, incluso, a las bases de datos disponibles. Como señala Magdalena Rúa (2018), los grupos económicos diseñan su estructura desde la lógica de la planificación fiscal global, es decir, orientada hacia la búsqueda de minimizar la carga impositiva en la construcción del entramado corporativo global y radicando sus empresas madres en países de baja tributación o que poseen férreos entramados jurídicos sobre secreto financiero. De esta forma, las sociedades holding (empresas controlantes del grupo) se encuentran radicadas en guaridas fiscales intentando sacar provecho de las brechas jurídicas e impositivas entre los distintos países en los que operan. Como menciona la autora, entre las naciones que funcionan como guaridas fiscales pueden señalarse, por un lado, aquellas comúnmente llamadas “tradicionales” ubicadas comúnmente en las islas del Caribe (Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, etc.); por otro, las guaridas fiscales europeas (Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Bélgica, Liechtenstein y Mónaco). Pero conviene señalar que las de mayor importancia se ubican en los países centrales o en territorios bajo su influencia política (Rúa, 2018), como los casos de Reino unido y su red de offshore (Hong Kong, Singapur, las islas del Canal −Jersey y Guernsey−, Islas Caimán, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Mauricio) y Estados Unidos (Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Marshall y Panamá). Al respecto,

Estados Unidos es una de las guaridas fiscales más importantes del mundo, al proporcionar secreto financiero para los no residentes, tanto a nivel federal como de estados individuales. A nivel federal, utiliza exenciones impositivas para atraer dinero de los no residentes y, además, su régimen bancario le permite recibir dinero legalmente que provenga de evasión (Rua, 2018, pág. 259).

Contribuciones esperadas del documento al estado del arte existente

En primer lugar, se pretende aportar información sobre la caracterización y reconstrucción de los principales entramados empresariales de 16 casos a través de metodología cuantitativa y de acceso a fuentes documentales de la Inspección General de Justicia (IGJ). En algunos casos, con el objetivo de darle continuidad a distintos trabajos ya existentes −referidos en este estado del arte− sobre grupos económicos paradigmáticos como Techint o Clarín, mientras que, en otros, como Belocopitt o Rey, para aportar una primera caracterización y descripción del entramado empresarial.
En segundo lugar, dado que no existen valorizaciones patrimoniales sobre personas más ricas de la Argentina con profundo nivel de detalle, el trabajo apunta a aportarlas, partiendo del listado de Forbes 2020, asociadas a entramados empresariales, con la ventaja adicional de extenderse hasta 2021.
En tercer orden, el trabajo pretende aportar evidencia sobre la estructura organizativa de los entramados empresariales e identificar estrategias (nivel de complejidad, características de los holdings, radicación societaria y nivel de offshorización), haciendo particular hincapié en el funcionamiento de sociedades vehículo, cuyo fin se relaciona con mecanismos de ocultamiento, evasión y fuga. El abordaje de estos grupos en vinculación con los fenómenos de evasión, fuga y ocultamiento del beneficiario final permite cruzar dos miradas teóricas relevantes: la de los grupos económicos y la de las estrategias de ocultamiento. Esto significa un aporte cualitativo respecto de cómo se organiza el capital en tiempos actuales.
Finalmente, el documento brinda una descripción y detalle sobre restricciones concretas para la investigación y reconoce los límites en las fuentes de datos existentes –siendo que se trata de datos informados por los propios grupos a organismos oficiales– y la escasez de información sobre ricos.

Anexo: Características relevantes de los principales paraísos fiscales o destinos de baja o nula tributación

Se detallan a continuación los principales destinos de fondos offshore, en base a tres dimensiones: régimen impositivo, régimen de constitución de sociedades y opacidad en la información.

Países Bajos. Es un caso paradigmático en Europa. Como indica Chávez Chávez (2014), aquí se han establecido a lo largo de los años todo tipo de holdings, financieras y grandes multinacionales que quieren tomar posiciones en el mercado europeo, debido a que su legislación permite todo tipo de inversiones y, a la vez ahorrar impuestos, dado el régimen fiscal favorable, además de contar con el llamado privilegio de filiación. Dicha ventaja fiscal para las sociedades holding consiste, simplemente, en que no tributan nada y no pagan por los dividendos y ganancias que les reporten sus filiales. Países Bajos tampoco exige ningún tipo de licencia para vender o comprar productos en el país.
Como se mencionó, el principal atractivo de Países Bajos es su régimen impositivo, que ofrece para las empresas offshorela llamada Participation Exemption. Los beneficios de este esquema, tal como está hoy en día son los siguientes: a) los dividendos recibidos por la entidad holding de sus participadas no residentes quedan exentos de tributación; b) los dividendos distribuidos por la entidad suelen quedar exentos, no obstante, pueden quedar sometidos a una retención en la fuente y c) existe una exención en las ganancias de capital obtenidas por la venta de las participaciones de las entidades participadas (Lampreave Márquez, 2010). Este régimen se creó en 1893 con el objetivo de evitar la doble imposición de dividendos distribuidos entre entidades residentes en Países Bajos, y sumó, en 1969, la exención a rentas provenientes de entidades no residentes o distribuciones de rentas a entidades no residentes, tanto en lo relativo a dividendos como plusvalía. Si bien en 2007 este régimen sufrió modificaciones, adaptándose a los estándares solicitados por la Unión Europea, lo que hizo que sea menos atractivo para estas empresas offshore, luego fue modificado nuevamente para retrotraerlo a los beneficios fiscales que ofrecía antes de la reforma.

Suiza. En este país existe un total hermetismo bancario y ausencia en el control de cambios. Sin embargo, últimamente ha perdido terreno debido a la fuerte presión internacional, lo que incitó a su gobierno a adoptar una serie de medidas para armonizar las leyes con las prácticas de la Unión Europea. A pesar de ello evadir impuestos sigue siendo una falta administrativa y vulnerar el secreto bancario un delito penal (Chávez Chávez, 2014).

Andorra. Con una población de 82.000 habitantes, es el refugio de capitales para deportistas, artistas y grandes fortunas. En este territorio, cuya moneda es el euro, el secreto bancario se considera un baluarte nacional que su gobierno y los bancos no están dispuestos a eliminar (Priego y Manuel, 2008).

España. En el esquema societario español sobresalen las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), que constituyen las denominadas “sociedades vehículo”. Se registran ante el organismo comercial y tributario de España (suelen usar sigla SL) y tienen por objeto social “la adquisición, tenencia, administración y gestión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, así como la colocación de los recursos derivados de dichas actividades”. Entre Argentina y España existe un Convenio para evitar la doble imposición fiscal (ley 24.258). El artículo 22 establece la imposición tributaria en uno de los dos Estados, a elección. Cuando eligen España dejan de tributan dado que el objeto social mencionado se encuentra exento. Las empresas suelen mencionar que la elusión no constituye delito, siendo esto parte de la planificación fiscal de las compañías. De allí la necesidad de conocer estas planificaciones. Lo cierto es que realizan una actividad en algún lugar, pero dejan de tributar por el esquema mencionado. Vale mencionar que suele ocurrir que los accionistas en España son estudios jurídicos constituidos para tal cuestión (Priego y Manuel, 2008).

Principado de Liechtenstein. Este es el único país en el mundo que tiene el doble de empresas que habitantes. Las compañías extranjeras pagan el 0,1% de impuestos por operar aquí. Los bancos no están obligados a informar a las autoridades quiénes son los titulares de sus cuentas. En los últimos años está atrayendo inversiones que solían ir a Suiza.
En lo referido a constitución de sociedades, existen tres tipos principales de entidades que se pueden constituir: establishment o anstalt, fundación y sociedad limitada. El establishment o anstalt es una sociedad propia de Liechtenstein que no tiene socios ni accionistas y es un fondo autónomo con beneficiarios. Se utiliza habitualmente para activos inmobiliarios o como sociedad de cartera de patentes. La entidad tiene un fundador, no necesariamente el beneficiario, y su funcionamiento en este sentido es similar al de una fundación: una mezcla entre esta y la sociedad limitada.
En relación con los impuestos, las compañías extranjeras pueden operar casi libres de ellos: solo 0,1%. El principado no obliga a pagar impuestos a las personas físicas con depósitos bancarios siempre que no realicen actividades comerciales con personas físicas y jurídicas en Liechtenstein. Los inversores que decidan abrir una sociedad son alcanzados por un impuesto reducido del 12,5% (básicamente, impuesto de sociedades e IVA). No hay impuestos para la repatriación de dividendos, herencias, donaciones y ni retenciones fiscales para ejercicios posteriores.
Respecto de la opacidad, los bancos no están obligados a informar a las autoridades quiénes son los titulares de sus cuentas (Chávez Chávez, 2014). Los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Liechtenstein son bastante elementales comparados con otras jurisdicciones fiscales y también se puede mantener un saldo bajo en la cuenta en contraste con algunos paraísos fiscales especializados en captar solo grandes patrimonios y que requieren mantener saldos mínimos muy altos (Bohórquez Diaz y Ortiz Torres, 2020).

Luxemburgo. Este país alberga más de 200 bancos y 1.800 fondos de inversión. No se cobra impuesto sobre la renta a los no residentes, tampoco sobre las ganancias de capital ni sobre las transmisiones patrimoniales.
Respecto de la constitución de sociedades, la denominación “SARL” refiere al tipo de sociedad: Société à Responsabilité Limitée, en francés. Las SARL permiten que la responsabilidad de sus miembros (socios) se limite a sus contribuciones a la empresa y, además, una SARL puede tener un mínimo de un miembro con control total. La mayoría de las empresas de Luxemburgo son SARL, ya que se establecen rápidamente, ya que se reducen los trámites administrativos para la gestión del negocio y además garantizan privacidad: el único documento presentado para registrar una SARL es un Memorando de Asociación que no contiene los nombres de los socios (accionistas). (53) Tampoco se requieren reuniones generales anuales (solo en caso de las SARL con más de 60 socios). Los Estatutos Sociales especifican las reglas para la convocatoria y realización de reuniones. En definitiva, el modelo de las SARL facilita la constitución rápida de sociedades, con requisitos mínimos y posibilidad de anonimato de sus socios.
En relación con los impuestos, hay que destacar dos formas societarias: por un lado, las compañías holding, que se introdujeron por primera vez a través de la Ley de Sociedades de Luxemburgo del 31 de julio de 1929; y, por otro lado, las Sociedades de Participación Financiera (“SOPARFI”), introducidas en el año 2006. En relación con el primer caso, la conformación de las compañías holding estaba permitida en la ley luxemburguesa hasta el año 2006, cuando se consideró que se trataban de ayudas del estado incompatibles con el mercado común y que, por lo tanto, las sociedades de estas características podrían mantenerse, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2010 (Comisión Europea, 2006). Tal y como sostuvo la Comisión el régimen de 1929 “concedía exclusivamente a las sociedades holding varias ventajas económicas consistentes en exenciones de impuestos de sociedades, de retenciones en la fuente, de impuestos sobre el valor neto y de contribución territorial”. Es decir, se trata de “obligaciones fiscales reducidas ante la Hacienda luxemburguesa para las sociedades holding y los grupos económicos a los que pertenecen” (Europea, U. 2006, párrafo 38). El problema surge de que no todas las empresas podían tener la forma de holding, sino que se reservaba a empresas que se dedicaban a la realización de “actividades financieras, de gestión, de concesión de licencias y de tesorería”, siempre y cuando “se estructuren en forma de grupo” (párrafo 39). En relación a las SOPARFI, estas se introdujeron con la Ley de Sociedades de Luxemburgo del 22 de diciembre de 2006, en la misma ley en la que derogan las compañías holding de 1929. Esta forma de sociedad otorgaba los mismos beneficios y, sin embargo, se adaptaba a los mínimos que exigía la Comisión Europea. Por ello, una vez llegado el 31 de diciembre de 2010, la mayoría de las compañías que se constituían como holdings de 1929, se transformaron en este nuevo tipo societario.
Respecto de la opacidad, en Luxemburgo se aplicó el secreto bancario hasta 2015 cuando la OCDE consideró el cumplimiento de dichos requisitos en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, debido a las reformas realizadas en su legislación.

Reino Unido. Los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona suelen servir como jurisdicciones satélites para promover la transferencia de beneficios. El Reino Unido dispone de plenos poderes para imponer o vetar la elaboración de leyes en estos territorios de ultramar y de nombrar funcionarios. Esto incluye Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Caimán, Gibraltar y Jersey: lugares trascendentes respecto al funcionamiento como paraísos fiscales (54).
Presenta tres características: opacidad, aunque en la actualidad se alinea en el Foro de Transparencia Global para evitar el calificativo de paraíso fiscal; en segundo lugar, pocos o nulos impuestos; y, por último, gran facilidad para la constitución de sociedades. Todo ello se complementa con una desarrollada red bancaria que facilita las transacciones financieras (Gutiérrez de Pablo, 2015).

• Islas Vírgenes Británicas. Respecto de la opacidad, no está permitido la publicación del nombre de los socios, y no existe obligación de presentar cuentas anuales. Se puede desarrollar cualquier actividad excepto la banca, seguros y reaseguros (salvo que se obtenga una licencia especial). No se puede comerciar con las Islas Vírgenes Británicas o con sus habitantes tanto de forma directa como indirecta, ni se puede ejercer como proveedor a otras empresas de domicilios sociales o comerciales salvo autorización con título expedido en las Islas, así como cualquier otra actividad contra las buenas costumbres. En relación con las sociedades, las acciones pueden ser nominativas y estar registradas. Se puede emitir acciones al portador y que no estén inscritas en un registro. Los detalles e información de los accionistas no tienen carácter público. Solo una investigación penal puede permitir levantar el secreto profesional. Es necesario tener un director, aunque sea no residente, y puede ser una persona física o jurídica, de cualquier nacionalidad. Los detalles sobre el director aparecen en el registro de las compañías, pero no pueden hacerse púbicos. También se pueden encargar la dirección a profesionales nominados. La legislación local exige que se nombre en cualquier caso a un representante local y que la sede social se ubique en las Islas, aunque la junta general de accionistas puede celebrarse en cualquier parte del mundo (Fagetan, 2021).
  En relación con los impuestos, no existen impuestos sobre los beneficios, ni tampoco sobre los dividendos distribuidos, ni sobre las rentas de capital para las sociedades offshore, ni derechos de timbre o tasas locales, o control de cambios. Tampoco exigen impuesto a las sucesiones, o ganancias de capital ni retenciones en la fuente sobre los intereses bancarios.
  En lo referido a constitución de sociedades, la ley que sigue el modelo británico permite la creación sencilla y rápida de las empresas en el registro. El modelo más utilizado por los inversores es “compañía internacional de negocios” (IBC). No hay un mínimo de capital. Es necesario al menos un socio, persona física o jurídica, aunque sea no residente.

• Islas Caimán. Las empresas que se radican en el país no tienen que pagar por su radicación, esto genera que las tres islas acojan a 544 bancos y 420.000 millones de dólares en depósitos. Por otra parte, su legislación permite que los consejeros no sean residentes y que las cuentas no sean auditadas, lo que garantiza una completa confidencialidad.
  Respecto a la constitución de sociedades, una empresa de responsabilidad limitada requiere de tres accionistas de cualquier nacionalidad que hayan suscrito al menos una acción. La empresa puede ser propiedad tanto de un residente como de un no residente. El memorándum de la asociación debe contener: el nombre de la empresa, su dirección en las Islas Caimán, sus objetivos, la relación de los accionistas que tienen responsabilidad limitada, y la cuenta de capital autorizado (que es necesario que esté totalmente desembolsado). Todo esto se presenta al Registro acompañado de los gastos por registrar. A no ser que la empresa tenga sus propias cláusulas, su administración estará regulada por lo estipulado en la Ley de Empresas (Company Law). En el caso de que no se hayan emitido las acciones al portador y los nombres de los beneficiarios de tales acciones tengan que ser objeto de un control de cambios, esta información es confidencial. La compañía debe estar registrada en la oficina de las Islas Caimán con una placa en la puerta y deben llevar a cabo una reunión anual de accionistas. Anualmente se han de archivar una relación detallada de los accionistas y sus holdings. Ninguna empresa en las Islas Caimán tiene obligación de un control de cuentas ni están sujetas a ningún requisito de auditoría. Si una empresa opera fuera de las Islas debe de registrarse como una empresa no residente o como una empresa “offshore”. Como empresa “offshore” no necesita de esta relación sobre los accionistas, y puede emitir las acciones al portador (a excepción de bancos y trust que deben revelar los nombres de los accionistas al Inspector del Banco). Sólo dos directores necesitan reunirse una vez al año en dichas Islas para celebrar las juntas.” (Gutiérrez de Pablo, 2015, pág. 208).
  “Cuando las Bahamas redactaron su legislación se inspiraron en la legislación de las Islas Caimán. Estas islas tienen una específica legislación sobre los trusts, consistente en la Ley de Trusts de 1987 complementada por la Ley de 1989 referente a las situaciones fraudulentas. Los requisitos que se exigen para la creación y/o establecimiento de trusts locales son similares a lo contenido en la Ley británica de trusts de 1925 (Trustee Act of 1925). La normativa de las Islas difiere de la británica en lo referente al periodo de perpetuidad (son de 100 años) y en pocos aspectos más. Sin embargo, un trust en las Caimán está regulado normalmente de forma discrecional, por lo que algunos de ellos pueden gozar de importantes ventajas. El trusts se puede escriturar en cualquier parte del mundo, no es necesario seguir una evaluación sobre los activos y no están sujetos a las restricciones sobre el incremento de capital. Al potencial beneficiario no se le cobra ningún impuesto por intereses hasta que los beneficios o el capital no sean transferidos a otro beneficiario. Los trusts pueden aplicar por 50 años una tasa que garantiza la exención. Los derechos de los beneficiarios están conferidos en el Registro de Trusts, que necesitan que le manden su anterior autorización para el registro de un trusts exento.
  La ley de 1989, copiada por las Bahamas, hizo posible establecer una protección de los activos de los trusts restringiendo el poder de los acreedores reservando las transferencias de los activos al igual que la protección de los activos de los trusts de las Caimán.” (Gutiérrez de Pablo, 2015, pág. 211/212).
  En relación con los impuestos, no tienen impuestos por ingresos, ni por asociaciones, ni por rendimiento de capital ni por retenciones y tampoco es un Estado franco. El gobierno obtiene sus beneficios de los aranceles (20% ad valorem), de los gastos de las empresas, del franqueo (6% de los impuestos provenientes del turismo sobre la factura de los bancos, los impuestos por los embarques y un impuesto para los votantes masculinos residentes entre los 18 y 60 años).

• Gibraltar. Aquí los bancos ofrecen cuentas corrientes o de depósito en casi cualquier divisa. Además, muchos expatriados utilizan empresas gibraltareñas que están exentas de impuestos y permiten el anonimato, para comprar y mantener propiedades inmobiliarias en su país de origen (Chávez Chávez, 2014).

Delaware. El vector de atracción de las empresas al Corporation Trust Center es la Ley General de Corporaciones de Delaware (DGCL), a menudo referida como la jurisdicción corporativa más importante desde principios del siglo XX. Esta ley es la base sobre la cual descansa el derecho corporativo de Delaware. La DGCL es tan beneficiosa para las grandes empresas que más de 300 de las Fortune 500 están inscritas en Delaware. De hecho, es tan favorable a las empresas que cada año, el 15% de todas las empresas públicas de Estados Unidos utilizan exactamente el mismo edificio que su paraíso fiscal (Balotti y Finkelstein, 1986). Con domicilio legal en el 1209 Orange Street (el edificio de Corporation Trust Center (55)), aparecen 217.000 empresas, entre ellas, las de Paul Singer (Gaggero, Rúa y Gaggero, 2013), y GCSA Equity (Clarín) y VLG Argentina (Cablevisión) (Lijalad, 2016).
Como resume Perciavalle, Delaware “es donde se constituyen un importante número de compañías que circulan por el mundo y que se caracterizan por su total opacidad en materia de funcionamiento. Es además una jurisdicción preferida por las «ventajas» fiscales que ofrece a quienes optan por actuar en sociedad, ya sea para intervenir en el tráfico mercantil de cualquier país del mundo o para ser mero depositario de bienes, sin actividad comercial alguna. En Delaware no hay impuestos sobre las sociedades, se garantiza el anonimato de sus integrantes, se puede crear una sociedad en cuestión de horas con un puñado de dólares, sin aportar mayor capital, se puede abrir una cuenta en las mayores entidades bancarias estadounidenses, fijar sedes sociales en cualquier punto del planeta y evitar cualquier exigencia lingüística” (Perciavalle, 2020).
En lo referido a constitución de sociedades, en Delaware se crean con facilidad (en pocas horas), con poca información requerida (un formulario) y con confidencialidad de los pactos entre socios. Justamente, por la flexibilidad normativa de las sociedades LLC de Delaware, han proliferado las denominadas “Startups”, cuya principal diferencia respecto a otras sociedades es que el nombre del administrador de una sociedad LLC no consta en la documentación de constitución y registro de la sociedad y, por lo tanto, no es objeto de registro público (56). Respecto de la normativa que regula las sociedades LLC en el estado, es muy similar al resto de las sociedades de los estados de la Unión (Kobayashi y Ribstein, 2011).
En relación con los impuestos, las sociedades de Delaware no gozan de ningún trato fiscal favorable a nivel federal, y sus obligaciones son las mismas que cualquier otra sociedad de los Estados Unidos a nivel de tributación federal en el IRS (Kirca, 2020). Sin embargo, en Delaware no hay impuesto sobre las ventas, no importa si la ubicación física de una empresa está en el estado o no; ninguna compra en el estado está sujeta a impuestos; no existe un impuesto sobre la renta empresarial estatal sobre los bienes y servicios proporcionados por las empresas de Delaware que operan fuera de Delaware; el estado no tiene un impuesto corporativo sobre los intereses u otros ingresos por inversiones de una sociedad de cartera de Delaware (si una sociedad de cartera posee inversiones de renta fija o inversiones de capital, no se gravan sus ganancias a nivel estatal) (Schwartz, 2019); no recauda impuestos sobre la propiedad personal (existe un impuesto a la propiedad inmobiliaria a nivel de condado, pero es muy bajo en comparación con otros estados de EEUU ya que las corporaciones pueden poseer sus propios espacios de oficinas y reducir la cantidad de impuestos a la propiedad en comparación con otros estados);  no tiene impuestos al valor agregado (IVA); no tiene impuesto a la herencia; tampoco hay impuestos sobre el capital social ni sobre la transferencia de acciones. (57)
Respecto de la opacidad, Delaware tiene tribunales (The Chancery Court) que son extremadamente ágiles en resolución de conflictos mercantiles. Y algo propio: no se está obligado a llevar contabilidad, es decir, la SRL o sociedad general no están obligadas ni a presentar sus cuentas en el registro público o en el Departamento del Tesoro.

Bahamas. En relación con los impuestos, no existe ni el impuesto sobre la renta, ni el patrimonio ni herencias ni donaciones ni tampoco grava la salida de capitales. El IVA es del 7,5%. El impuesto de timbre alcanza entre 2,5 y el 10% (sobre todas las transacciones inmobiliarias). El impuesto a la sobre las propiedades de inversión se basa en el valor tasado. El vehículo habitual son las IBC, la empresa comercial internacional. Estas sociedades están exentas del pago de impuestos salvo sobre los ingresos locales y del resto durante los primeros 20 años de su creación. No tiene tratados de doble tributación con otros países, pero cuenta con acuerdos de intercambio de información con unas treinta naciones.
Respecto de la opacidad, no están obligadas a realizar informes anuales y solo hace falta el nombre de un director y de un accionista, dejando al resto anónimos. Al recibir requerimientos de la justicia de otros Estados, suele interponer dificultades, estiran plazos, envía información incompleta, etc.
En lo referido a constitución de sociedades, la ley de Bahamas permite a los inversores extranjeros establecer empresas como propietarios únicos. Los inversores deben obtener una licencia comercial y registrar sus negocios. Operar en Bahamas permite disponer de más relajación en los controles sobre el origen del dinero, mayor libertad para disponer de fondos, opacidad y confidencialidad.

Uruguay. Uruguay ha realizado recientemente modificaciones tributarias para regularizar su situación fiscal a pedido de organismos internacionales como la OCDE. Si bien es difícil afirmar que hoy en día sea un paraíso fiscal, ya que no figura en los listados de la UE ni de la OCDE, además de figurar recién en el puesto 90 en el ranking del índice de opacidad financiera de la TJN, registrando un índice bajo, vale la pena realizar una breve síntesis de su historia tributaria reciente.
Históricamente ha sido un país oferente de servicios internacionales, con una atractiva exoneración tributaria para no residentes y un secreto bancario muy conveniente para las inversiones extranjeras. Hasta aquí se podría afirmar que Uruguay cumple con los requisitos para ser considerado un paraíso fiscal. Pero, a partir del año 2007, cuando se sanciona la Ley de Reforma Tributaria, esta situación se modifica. Las autoridades uruguayas tuvieron que rever y modificar su sistema tributario debido a la presión ejercida fundamentalmente por la OCDE. Esta reforma introdujo cambios drásticos tales como el impuesto a la renta de las personas físicas, el concepto de establecimiento permanente y de precios de transferencia y la eliminación de las sociedades financieras de inversión que eran las que otorgaban cobertura legal a la constitución de empresas offshore en Uruguay. A través de estas sociedades se habilitaba el desarrollo de todo tipo de operaciones fuera del país con agilidad y bajos costos con la garantía del completo anonimato de sus titulares, debido al secreto bancario, fiscal y profesional que regía en el país. Efectivamente, a partir del 2007 con la sanción de la reforma, estos aspectos de la política fiscal uruguaya quedaron desmantelados y el país se adecuó de manera relevante a los estándares internacionales solicitados por la OCDE. Actualmente, el secreto bancario, es el único aspecto que está en controversia con los estándares que la OCDE le pide regularizar (Coutinho, 2011).
Bajo el mandato de Lacalle Pou, la política tributaria uruguaya está virando hacia beneficios fiscales similares a los que existían antes de la reforma. Entre las medidas implementadas por el actual gobierno uruguayo, pueden destacarse las modificaciones que buscan atraer a inversores extranjeros, principalmente argentinos. Recientemente aprobó las “vacaciones fiscales” por diez años. Este beneficio fiscal para los extranjeros tiene que ver con duplicar el tiempo de gracia que tienen aquellos que hayan obtenido residencia uruguaya para no pagar impuesto a la renta y al patrimonio. Las personas físicas que obtengan la residencia durante el ejercicio 2020 pueden:

• Optar por no tributar el impuesto a la renta por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por los ejercicios fiscales de los próximos diez años.
• Optar por tributar el impuesto a la renta por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiere la residencia fiscal, y en forma definitiva (a excepción de eventual cambio legislativo), a la tasa del 7% (la tasa general para este impuesto es del 12%).

Estas medidas han cosechado diversas críticas en diferentes figuras, como el exmandatario José Mujica, quien se manifestó públicamente en contra de la política de Lacalle Pou de otorgar beneficios fiscales a los sectores más ricos de la Argentina para que se asienten en el país oriental. El expresidente sostuvo que esa medida “pone en peligro la relación de Uruguay con Argentina e implicaría una marcha atrás en el esfuerzo de Uruguay por dejar de ser un paraíso fiscal” (58)

(1) El propio discurso de Joe Biden frente al Capitolio da cuenta de ello. “Ya es hora de que los muy ricos y las corporaciones comiencen a pagar lo que les corresponde”, Notimérica, 30/4/2021, https://www.notimerica.com/politica/noticia-eeuu-biden-destaca-eeuu-vuelve-estar-marcha-primeros-100-dias-administracion-20210430033934.html  
(2) “Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la desigualdad de ingresos en sus países se encuentra en el nivel más alto en 50 años. El ingreso promedio del 10% más rico de la población es aproximadamente 9,5 veces más alto que el del 10% más pobre. La desigualdad de riqueza es aún más pronunciada, con el 10% superior que posee la mitad de la riqueza total, mientras que el 40% inferior tiene solo el 3 por ciento”, Noticias ONU, 4/12/2018, https://news.un.org/es/story/2018/12/1447091  
(3) Estos resultados se extraen de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que analiza las 500 empresas más grandes de nuestro país. Para un abordaje pormenorizado de la cúpula de 200 empresas más grandes del país y su trayectoria, Basualdo, Manzanelli y Calvo (2020).
(4) En el año 2020 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó en una publicación especial la formación de activos externos en el periodo 2015-2019, proceso asociado a la desregulación cambiaria de Cambiemos: http://www.bcra.gov.ar/Noticias/publicacion-de-informe-mercado-cambios-deuda-2015-2019.asp  
(5) BM. Índice de Gini – Argentina, https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR  
(6) CEPAL, “En América Latina y el Caribe: el nuevo informe de la ONU advierte sobre una recuperación económica frágil e irregular”, 25/1/2021, https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-nuevo-informe-la-onu-advierte-recuperacion-economica-fragil  
(7) “Cómo llega la economía a las elecciones: las claves de la recuperación”, Clarín, 14/8/2021, https://www.clarin.com/economia/lejos-consignas-cerca-datos-claves-campana-electoral_0_7B-_xjFdZ.html  
(8) En un documento datado en abril de 2020, Julia Strada, Hernán Letcher, Lucio Garriga Olmo y Magdalena Rúa abordaron este surgimiento de nuevas propuestas en materia de gravámenes a la riqueza con una lectura que identificaba la emergencia de iniciativas de índole social, política y en algunos casos con alcance institucional, que procuraban avanzar en una tributación más equitativa en distintas partes del planeta (CEPA, 2020).
(9) En la Argentina existieron serias limitaciones para modificar la estructura regresiva en términos tributarios (la cual tiene una fuerte base en impuestos al consumo como el impuesto al valor agregado −IVA−) durante los gobiernos de CFK entre 2008 y 2015, luego de la crisis política provocada por el intento de progresividad vía suba de derechos de exportación, con la consiguiente resistencia de sectores del agro. Si bien hay debates respecto de la pérdida de una oportunidad histórica para transformar la estructura tributaria (Gaggero señala que “la ausencia de una verdadera reforma tributaria de carácter «estructural» y de cambios suficientes en el perfil del gasto público consolidado impidió alcanzar un sesgo fiscal suficientemente progresivo para poder avanzar con vigor hacia un mayor nivel de equidad, al menos al ritmo que buena parte de la sociedad parecía reclamar y que a la vez pudiese asegurar la estabilidad en el tiempo de los progresos alcanzados”, en “La cuestión tributaria en Argentina: ¿se suicidan los Estados-nación?”, revista Movimiento, https://www.revistamovimiento.com/politicas/la-cuestion-tributaria-en-argentina-se-suicidan-los-estados-nacion/), no deja de ser cierto que el límite concreto que impuso la derrota del gobierno frente a la Mesa de Enlace agropecuaria que rechazó retenciones móviles en un contexto de fenomenal suba de los precios internacional de los commodities exportables fue un condicionante en los años siguientes para tocar impuestos a los sectores más ricos del país. Agravando este escenario, entre 2015 y 2019 hubo un retroceso relevante durante el gobierno de Mauricio Macri que adoptó una política decididamente pro-ricos, a partir de la sensible reducción de alícuotas para el impuesto a la propiedad (impuesto a los bienes personales) luego del blanqueo de capitales, por la sensible baja de retenciones o derechos de exportación y por la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas (en una reforma que escalonaba la baja entre 2017 y 2022 y que el gobierno de Fernández suspendió apenas asumido). Todo ello se combinó con una drástica caída de la actividad económica que redujo los niveles recaudatorios asociados a la actividad (IVA, ganancias), achicó el mercado de trabajo con más desocupación y peor empleo (sin registro) y seguidamente también redujo la recaudación por aportes y contribuciones patronales (Strada y Velarde, 2021).
(10) Hay una serie de interrogantes en relación con esta investigación. Uno de ellos reside en las razones que orientan a la determinada organización o configuración empresarial. ¿prima una lógica asociada al enriquecimiento de los accionistas controlantes o prima una lógica de acumulación del grupo económico? ¿en qué casos encontramos una u otra primacía? Los debates teóricos al respecto recorren toda la bibliografía sobre empresas y poder económico en el siglo XX (Schvarzer, 1996), por lo que no pretendemos abordar las respuestas a estas preguntas, aunque sí interesa señalar que los aportes de este trabajo se insertan como evidencia empírica para seguir profundizando acerca de estos interrogantes.
(11) En términos generales el debate giró en torno a qué tipo de recursos socialmente valorados son aquellos que definen la pertenencia de los individuos a determinados estratos. Mientras varios estudios determinan el nivel de ingresos como el principal o único bien determinante, otros se centran en la ocupación o en el nivel de escolaridad (Marinho y Quiroz, 2018).
(12) Para la delimitación socio-ocupacional se consideran las variables: ocupación, categoría de ocupación, tamaño del establecimiento, sector de actividad y calificación ocupacional.
(13) conviene señalar que es en dicho decil donde la sub y la sobre declaración de ingresos tiende a ser mayor y además se caracteriza por agrupar a conjuntos heterogéneos lo que vuelve la captación de ingresos problemática. Véase Heredia, M. (2011). Ricos estructurales y nuevos ricos en Buenos Aires: primeras pistas sobre la reproducción y la recomposición de las clases altas. Estudios Sociológicos, vol. XXIX, núm. 85, enero-abril, 2011, p. 61-97 El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México
(14) los hogares del abc1 son definidos por las consultaras de mercado como aquellos que ocupan la cúspide de la pirámide social y cuyo principal sostén es un profesional (con estudios universitarios y más) que se desempeña como socio/dueño de empresas grandes y medianas; directivo de primera o segunda línea de empresas grandes o medianas; rentista; profesional independiente o dependiente. Véase: Heredia, M. (2011).
(15) Según su propia descripción, Oxfam “es un movimiento global formado por personas que trabajan juntas para combatir la desigualdad y, así, acabar con la pobreza y la injusticia. Trabajamos con miles de organizaciones socias y aliadas en cerca de 70 países prestando apoyo a comunidades para que puedan mejorar sus vidas, fomentando la resiliencia y protegiendo vidas y medios de subsistencia en tiempos de crisis” (www.oxfam.org).
(16) Disponible en https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-es.pdf  
(17) Link: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-milmillonarios-del-mundo-poseen-mas-riqueza-que-4600-millones-de-personas  
(18) Oxfam parte de la base de datos provista por Credit Suisse que utiliza principalmente tres fuentes: datos nacionales sobre la situación patrimonial de los hogares, datos de encuestas sobre patrimonio, y la lista Forbes de las personas más ricas del mundo. Asimismo, realiza la salvedad sobre los tres tipos de fuentes, ya que, a su modo de ver, la medición subestima la magnitud de la riqueza en lo más alto de la escala social, principalmente porque las personas más ricas no están dispuestas a responder a las encuestas, o no lo hacen de forma precisa.
(19) El Coeficiente de Gini varía entre 0 y 1. El valor 0 se corresponde con la perfecta igualdad y el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad.
(20) En dicho informe afirman que las distintas civilizaciones evolucionaron históricamente desde una situación de relativa igualdad, considerando el Coeficiente de Gini (0.17), hacia un aumento considerable de la desigualdad a partir de la transición hacia sociedades basadas en la expansión de la agricultura, lo que permitió el desarrollo de la propiedad de la tierra y facilitó la acumulación de la riqueza. Este tipo de organización social produjo un incremento del Coeficiente de Gini (0.35).
(21) https://www.forbes.com/  
(22) https://fortune.com/  
(23) Global Wealth Report 2020. Disponible en https://www.credit-suisse.com/  
(24) https://www.bloomberg.com/businessweek  
(25) Las autoras analizan el período 1976-2015.
(26) “Se plantea que los propósitos de la sociabilidad −el nucleamiento y la distinción social de la elite− requerían –para sus principales referentes− la erradicación de la política como eje estructurante de la sociabilidad... Sin embargo, se afirma que esta erradicación distó de conseguirse pero que la política también dejó de ser un elemento de fractura en las relaciones sociales de la clase alta porteña del cambio de siglo, al menos con la intensidad que lo había sido hasta entonces. Finalmente, se señala que el hecho de que la política dejara de ser un eje estructurante de la sociabilidad pudo dificultar la constitución de la elite como un actor político colectivo” (Losada, 2007, pág. 81).
(27) https://www.flacso.org.ar/unidades-academicas/economia-y-tecnologia/  
(28) Esta categoría alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes. Consiste en una categoría del análisis económico y social relevante para delimitar las etapas históricas que conforman la historia económica argentina durante el siglo XX. Para poder constatarse la existencia de un patrón de acumulación de capital las variables económicas deben cumplir dos requisitos: la regularidad en su evolución y la existencia de un orden de prelación entre ellas.
(29) Eduardo Basualdo (2006) define distintas fracciones de capital: i) Conglomerado extranjero (CE): transnacionales que controlan el capital de seis o más subsidiarias locales; ii) Empresas extranjeras (ET): controlan menos de seis subsidiarias en el país; iii) Empresas estatales (ESTAT); iv) Empresas locales independientes (ELI): grandes firmas que actúan por sí solas en las diversas actividades económicas consideradas, sin estar vinculadas por la propiedad con otras empresas de la misma u otra rama económica −dentro de esta categoría quedan los integrantes de la burguesía nacional que se mantienen como tales durante la valorización financiera−; v) Grupos económicos locales (GG.EE.): capitales locales que son propietarios de seis o más firmas en diversas actividades económicas; vi) Asociaciones: consorcios cuyo capital accionario está compartido por inversores del mismo o diferente origen.
(30) El bloque de poder o bloque histórico hace referencia a la ligazón orgánica entre las esferas de la estructura económica y la superestructura política en la función de hegemonía (Portelli, 1987).
(31) La estructuración en forma de conglomerado les permitió ser partícipes de las actividades más dinámicas y de mayor rentabilidad en los distintos momentos de la política económica (Basualdo, Manzanelli y Calvo, 2020).
(32) Las firmas holdings constituyen simples sociedades financieras cuyo patrimonio se compone principalmente de las participaciones en sociedades controladas (Napoleoni, 1962).
(33) Fueron analizadas en el estudio: la Unión Industrial Argentina (Schvarzer, 1991); la Cámara Argentina de Comercio (Itzcovitz, 1985), la Asociación de Bancos Argentinos (Itzcovitz y Schvarzer, 1986), la Cámara Argentina de la Construcción (Itzcovitz y Schvarzer, 1989), las corporaciones agropecuarias (Martínez Nogueira, 1986); la Sociedad Rural Argentina (Palomino, 1988) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Sidicaro, 1988).
(34) “Los análisis de las corporaciones considerando como eje central la dimensión «desde adentro» eran en ese momento escasos, y continúan siéndolo actualmente, generando un estancamiento en su estudio, y un desconocimiento sobre el entramado de complejas relaciones que existen al interior de las corporaciones empresarias” (Dossi, 2010).
(35) Bisang señala al menos tres tipos de organizaciones, a saber: aquellas que realizaron un proceso de inversión en la esfera productiva relacionada a una actividad industrial y posteriormente se diversificaron, pero se mantienen acotadas a un núcleo familiar; aquellas que tienen su origen en la explotación de los recursos primarios y luego se diversificaron hacia las actividades industriales; y aquellas que durante la década del 80 se establecen por intermedio de fondos financieros de inversión que comienzan a centralizar actividades de empresas mediante la compra de unidades preexistentes (holdings fuertemente articulados desde las finanzas).
(36) Link: file:///C:/Users/herna/Downloads/Conjunto%20econ%C3%B3mico.%20Art%C3%ADculo%2031%20LCT%20(3).pdf  
(37) “Conjunto económico. Artículo 31 LCT”, http://www.saij.gob.ar/rominaguadagnoli-conjunto-economico-articulo-31-lct-dacf130169/123456789-0abc-defg9610-31fcanirtcod  
(38) Se decide la utilización de una denominación diferente de grupos económicos dado que esta última tiene una acepción vinculada a una fracción específica del capital y su desempeño económico/político. El objeto de estudio de esta investigación es la organización interna de los entramados empresariales y el control ejercido por sus titulares y no el rol que desempeñan en los distintos patrones de acumulación. Estas indagaciones se ubican en un camino de dilucidación de la organización interna del capital.
(39) También María E. Marano (2019) señala que en un principio el concepto de beneficiario final fue entendido como “toda persona física que tenga como mínimo el 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica. Y, cuando ninguna de esas opciones fuera posible de identificar, la legislación indica que es necesario determinar a quienes, por otros medios, ejercen el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica. A partir de 2017 la Unidad de Información Financiera (UIF) amplió el concepto para las entidades financieras, a razón de la complejidad advertida en la identificación del beneficiario final por el porcentaje de tenencias o por el ejercicio del control, y agregó que en caso de no poder determinarse por tales medios debía identificarse a la máxima autoridad del órgano de administración de la persona y/o estructura jurídica.
(40) Eduardo Basualdo lideró un equipo de investigación integrado por Matías Kulfas, Nicolas Arceo, Hernan Herrera y Nicolas Bonofiglio, del área de Economía y Tecnología de FLACSO. El presidente de la Comisión Especial Investigadora era Eduardo Di Cola
(41) Partieron de información correspondiente a la firma de abogados Mossack Fonseca que se constituyó como uno de los mayores proveedores, a escala global y en distintas jurisdicciones, de sociedades anónimas “pantalla” utilizadas para la evasión de impuestos, ocultamiento de la propiedad y lavado de dinero. En la investigación participaron más de 400 periodistas de más de 80 países, quienes analizaron la mayor filtración de la historia, consistente 8,2 millones de datos correspondientes a miles de sociedades de tipo offshore, constitución de empresas, contratos, extractos bancarios pertenecientes a jefes de Estado, directivos de empresas, celebridades, proveedores de armas, miembros de mafias, actividades vinculadas al narcotráfico y trata de personas. Pero más allá de los nombres, mediante dicha filtración quedó en descubierto la existencia de una estructura compuesta por más de 500 bancos (HSBC, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Societé Générale, Credit Suisse, Commerzbank, etc.) y despachos de abogados (Morgan & Morgan, Mossack Fonseca, etc.) orientada a facilitar la creación de sociedades offshore en distintas jurisdicciones que operan como paraísos fiscales. Entre las personas implicadas en la investigación se destacan las figuras de Hans-Joachim K. exdirectivo de Siemens, el músico ruso y amigo de Vladimir Putin, Sergei Roldugin, el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el expresidente de Nicaragua Alemán Lacayo, el entonces presidente de Ucrania Petró Poroshenko, el primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif, el expresidente de Argentina Mauricio Macri, Néstor Grindetti (actual intendente de Lanús por la alianza Cambiemos) y el argentino Hugo Jinkins (propietario de Full Play Group), entre otros.
(42) Este proceso origina un escenario de competencia fiscal, que a su vez generó una creciente y preocupante erosión de la base fiscal de los países en desarrollo, en favor de aquellos que comenzaron a ofrecer abiertamente condiciones de baja o nula tributación (Strada y Velarde, 2021).
(43) Asimismo, las autoras hacen referencia a que la evasión fiscal, al afectar la recaudación impositiva, debilita las capacidades de los Estados para financiar políticas públicas orientadas a reducir las brechas de género y a hacer cumplir los derechos humanos de las mujeres.
(44) Entrevistado por Martín Granovsky, “Evadir hoy, evitar impuestos mañana”, Página 12, 12/4/2016,
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296766-2016-04-12.html  
(45) Kim (2018) estudia el efecto que tienen los discursos que apuntan a bajar la carga fiscal sobre el dumping fiscal y lo que él llama el dumping en escala que se produce en el Estado de Nueva York.
(46) La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en París, Francia. Está compuesta por 37 Estados miembro y su objetivo es el de coordinar políticas económicas y sociales para promover el desarrollo, la prosperidad y la igualdad de oportunidades en la población.
(47) Para mayor detalle, ver http://www.oecd.org/tax/transparency/who-we-are/  
(48) Los rangos de cumplimiento son:
Cumple: Se implementa el estándar EOIR. Esta calificación se puede otorgar incluso si se emitieron algunas recomendaciones, en la medida en que no se identificaron deficiencias materiales.
Cumple en gran medida: el estándar EOIR se implementa en gran medida, pero se necesitan mejoras. Algunas deficiencias identificadas son materiales, pero tienen un impacto limitado en la EOIR.
Cumple parcialmente: El estándar EOIR se implementa solo en parte. Se ha identificado al menos una deficiencia material que ha tenido, o es probable que tenga, un efecto significativo en la EOIR en la práctica.
Incumplimiento: Se han identificado deficiencias fundamentales en la implementación del estándar EOIR.
(49) Tax Justice Network es una organización no gubernamental que nació en el año 2003 y cuyo objetivo principal es defender la justicia fiscal mediante un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con los impuestos, los paraísos fiscales y la globalización financiera.
(50) Para mayor detalle, https://www.taxjustice.net/  
(51) Para mayor referencia, www.financialsecrecyindex.com/PDF/FSI-Methodology.pdf  
(52) Este índice se basa también en combinar una metodología cualitativa con una cuantitativa. El aspecto cualitativo está compuesto por un puntaje de refugio basado en 20 indicadores agrupados en cinco grandes dimensiones: a) la tasa impositiva más baja; b) lagunas fiscales; c) transparencia; d) antievasión y e) agresividad del tratado de doble imposición. El componente cuantitativo muestra la escala de la actividad de inversión corporativa como un indicador de la magnitud del potencial de transferencia de beneficios en esa jurisdicción.
Para mayor referencia, https://cthi.taxjustice.net/cthi2021/HI-20.pdf  
(53) Offshore, “Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada (SARL) de Luxembourg LLC”, https://www.offshorecompany.com/es/company/luxembourg-llc/  
(54) El Estado dela Justicia Fiscal:2020: La justicia fiscalen tiempos de la covid-19,
https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_SPANISH.pdf  
(55) Ver en https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14036656  
(56) Artículo Mitos y realidades de las Sociedades LLC de Delaware, Estados Unidos de América. Legal Today. https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/mitos-y-realidades-de-las-sociedades-llc-de-delaware-estados-unidos-de-america-2018-11-28/  
(57) Link: Offshore, ¿Por qué Delaware es considerado un paraíso fiscal?, https://www.offshorecompanycorp.com/ar/es/faq/why-is-delaware-a-tax-haven  
(58) “Pepe Mujica fue lapidario con la medida de Lacalle Pou para «atraer» argentinos”, Página 12, 2/7/2020, https://www.pagina12.com.ar/276038-pepe-mujica-fue-lapidario-con-la-medida-de-lacalle-pou-para-